- La idea de proteger a los usuarios es la razón que impulsa la política de drogas en el país
- Presenta el CIDE Región Centro Occidente el 3er estudio regional sobre drogas y derecho
El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Región Centro Occidente presentó los resultados del tercer estudio regional sobre drogas y derecho: Usuarios de drogas y las respuestas estatales en América Latina, que el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) realizó.
Catalina Pérez Corre, profesora investigadora del CIDE Región Centro Occidente, cercioró que el principal propósito del estudio fue hablar de cómo el derecho trata a los usuarios de drogas de usos ilícitos, siendo de gran interés para dicho colectivo pues la idea de proteger a los usuarios es la razón que impulsa la política de drogas en el país.
A nivel regional lo que se ha encontrado es que se criminaliza y estigmatiza a los usuarios de drogas a pesar de que las leyes no lo manifiestan como obligación, lo cual representa fuertes cantidades monetarias al estado y a la sociedad, pero hay otras formas de tratar a los usuarios y lidiar con el problema de drogas.
El estudio se llevó a cabo en nueve países de Latinoamérica en donde se manifestó quiénes son los usuarios de drogas de usos ilícitos, cómo son las respuestas del estado, qué hacen con estas personas y cuáles son los problemas que se observan con dichas respuestas.
En el caso mexicano se encontró un gran atraso pues los usuarios se llevan al ministerio público y muchas de las veces terminan en los reclusorios, cuando supuestamente la respuesta del estado es de brindar apoyo en términos de orientarlos e informarlos de los riesgos de consumir ciertas sustancias o en su caso dar tratamiento profesionalizado.
A nivel federal existe un número bastante importante de personas sentenciadas por consumo, lo cual cuesta aproximadamente mil 700 pesos diarios por reo al erario público; mismos que generalmente son detenidos por consumo, sobre todo de marihuana, “hay una desproporción entre los recursos que el estado está poniendo al problema y los beneficios que se tienen”. Por ello los investigadores han propuesto que el estado tenga una respuesta sanitaria ante el consumo y no una respuesta penal.
Que se criminalice el consumo representa también que los adolescentes estén en constante contacto con el crimen organizado, pues la única forma para obtener el producto es por medio de él, “preferimos que el problema esté regulado por el estado de una forma más racional a que se sigan teniendo relaciones con el crimen organizado”, teniendo en cuenta que las edades principales de los consumidores mayores es de 14 a 19 años.
El CEDD lleva a cabo distintos estudios en el tema, en esta ocasión se pretendió estudiar la relación entre las políticas de droga a nivel continental y el derecho, observando que México se encuentra en el rango menor en comparación con el países del sur; por ejemplo Colombia y Argentina han dictaminado que no es permitido que las instituciones penales detengan a los consumidores pues atenta a la autonomía de las personas, en Uruguay está la propuesta de regular la cannabis para fines recreativos, mientras que en México existe una criminalización directa de los usuarios.
Foto: Roberto Guerra.
