El Partido Verde Ecologista de México, falto de trabajo político y de visión para diseñar un programa para defender el entorno ecológico de nuestra nación, hoy más que nunca amenazado por los depredadores de siempre, ha instrumentado una campaña nacional a favor de la pena de muerte que sabe no prosperará y que en cambio sí les dará la seguridad de mantener su registro como partido político en el próximo proceso federal electoral. Está claro que detrás de esta perversa estrategia se encuentra el gobierno usurpador y los poderes fácticos, quienes, en esta cruzada vengadora, han incorporado a los sectores más rancios de la sociedad, que se han caracterizado por su fundamentalismo y que viven bajo el constante temor de que algunos de sus integrantes pudieran ser víctimas de asesinos y secuestradores. Los verdes (por dentro y por fuera) dejaron de lado su activismo contra la inhumana muerte de los toros de lidia, sacrificados en lucha desigual en las plazas de la República, y ahora se dan golpes de pecho y derrochan fervor mariano citando a Tomás de Aquino, quien sentenció en su Summa Teológica: "Si un hombre es dañino para la comunidad, tomando en cuenta algunos de sus pecados, es digno de alabanza y ventajoso que él sea asesinado en orden para salvaguardar el bien común"
A esos inquisidores del tercer milenio hay que decirles que para garantizar la seguridad pública de los que temen ser secuestrados, hay que garantizar primero la seguridad social de millones de mexicanos sumidos en la pobreza extrema, para quienes la muerte de algún miembro de la clase dominante no es distinta a las de las casi siete mil defunciones que el crimen organizado ha provocado en lo que va del gobierno calderonista. Bien haría el gobierno en reiterar su oposición a la pena de muerte, como una cuestión de principio, con el mismo ímpetu de quienes la proponen en virtud del respeto irrestricto a los tratados internacionales, que nuestro país ha signado en materia de la pena capital al asegurar que nuestros connacionales reciban la protección a que tienen derecho bajo el amparo de la legislación internacional.
Actualmente hay 54 mexicanos sentenciados a pena de muerte en los Estados Unidos de América, mientras que aproximadamente 140 más podrían recibir esta pena. Desde diciembre de 2000, la Cancillería mexicana ha logrado la exclusión de la pena de muerte de 53 mexicanos. La Secretaría de Relaciones Exteriores estableció en ese año el Programa de Asistencia Legal para Casos de Pena Capital, a fin de identificar los casos en los que el Gobierno de México puede intervenir de manera efectiva para prevenir la imposición de esta pena. A través de dicho Programa, bajo la supervisión de la SRE y la participación de la Embajada de México y las representaciones consulares, México provee de apoyo a los abogados defensores que representan connacionales que enfrentan o podrían enfrentar dicha pena. La Embajada de México en Washington estableció en 2002 el Grupo Informal de Trabajo sobre Pena de Muerte, con la participación de representantes de más de 40 Embajadas acreditadas en este país, principalmente de América Latina y Europa, con el objeto de promover el respeto del derecho internacional en esta materia. El pacto de San José, firmado y ratificado por nuestro país, señala en su artículo cuarto, párrafo tercero, que aquellos países que ya abolieron la pena de muerte no podrán restablecerla bajo ninguna circunstancia, por lo que no hay ninguna posibilidad de desconocer dicho convenio y además es propósito del Estado Mexicano continuar impulsando la abolición de la pena de muerte en todo el mundo a través de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde ya ocupamos un asiento permanente, aunque los verdes lo ignoren a su conveniencia…o pena.
