Para Isidoro Armendáriz García, presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), “el próximo lunes que el gobernador hable con los diputados y el martes que haga lo propio el general Rolando Hidalgo Eddy, son una excelente oportunidad para recuperar la confianza de que se tiene el control del estado y que se aclaren las cosas de una vez por todas, sobre todo del por qué se incursionó de forma violenta en oficinas del Congreso del Estado”.
En conferencia de prensa, el dirigente priísta exigió “se castigue a los responsables para evitar un precedente de impunidad que derive en abuso, a futuro, de las fuerzas de seguridad. Se debe dar a conocer quién lo ordenó, quién lo encabezó y quiénes cometieron hechos delictivos”.
Por lo pronto, a nombre de PRI, expresó su “indignación y su demanda de que se finquen responsabilidades y se castigue a los responsables de haber violado los derechos humanos de los trabajadores del Congreso y de los civiles que estaban en las oficinas de Gestión Social. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, manifiesta que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento, y ésta no puede ser, de ninguna manera, la excepción”, dijo.
“No hay lugar a errores o interpretaciones. Nos encontramos ante un caso de allanamiento y abuso en los hechos de ese día. Esto hace más que evidente de que es urgente una depuración de las corporaciones policíacas; urge que se mejoren sus niveles de operaciones de inteligencia y que tengan una mejor coordinación entre todos los cuerpos de seguridad, así como con las instancias gubernamentales con injerencia en la materia”, sentenció.
El presidente del comité directivo estatal del PRI agregó también que “para tener confianza en las autoridades es necesario que nadie esté por encima de la ley, por ello en el PRI se espera que se sancione a los responsables, para que los aguascalentenses disfruten libremente de sus derechos humanos al vivir en un Estado de derecho, donde haya respeto absoluto de las personas y de la normatividad vigente, ya que el poder debe ser para servir al pueblo y no para agredirlo”, sostuvo.
Finalmente, dijo que “algunas voces e incluso el gobernador, han pretendido justificar los hechos porque se han registrado en el marco de la lucha contra el crimen que sostienen las instituciones, pero ninguna acción ilegal se combate con otra ilegalidad”, concluyó Armendáriz.
