El 18 de septiembre de 1968, el ejército mexicano invadió, tomó por asalto las instalaciones de la UNAM. El movimiento estudiantil avanzaba firme resistiendo los embates y ataques de los granaderos. Días antes, el primero de agosto, el rector, Ing. Javier Barros Sierra, encabezó una de las marchas. Con esa acción del rector, el movimiento que alcanzaba proporciones inimaginables, adquirió un rostro diferente ante la sociedad. La clase política, escandalizada hasta grado de histeria, no daba crédito. Los medios de comunicación, plegados a las directrices de gobierno, no se cansaron de lanzar proclamas descalificatorias tanto al CNH como al rector.
El gobierno creía, equivocadamente, que ordenando al ejército la toma de instalaciones, los estudiantes se disolverían por no tener espacios físicos donde realizar sus asambleas. Los actos de vandalismo dentro de CU por parte de efectivos militares no se hicieron esperar; culparían a los estudiantes para desprestigiarlos. Quienes no pudieron huir, fueron arbitrariamente detenidos, torturados y encarcelados; por igual estudiantes, maestros y funcionarios universitarios.
La ocupación militar de la universidad perseguía, por parte del gobierno, obtener el beneplácito y apoyo de la población en general, no obstante haber violado la autonomía. La protesta inmediata del Ing. Barros Sierra desactivó las reacciones contra los universitarios produciéndose por el contrario, un apoyo de la sociedad a éstos y sus autoridades. El secretario de gobernación, Luis Echeverría respondió, a nombre del gobierno y sin aportar, ni explicación ni justificación, acerca de la invasión militar. No hubo argumentos válidos.
Como un intento para doblegar al rector, esperaba gobierno que éste acudiera humillado a solicitar el desalojo del ejército de las instalaciones universitarias. La maquinaria estaba echada a andar. Los líderes de opinión sociales, la IP, se arrebataban la palabra para exigir al rector que debía hacer la petición de inmediato. No faltaron los intelectuales orgánicos que se disputaban la de ocho en el mismo sentido. Ambos serviles en extremo.
No contaron, ni imaginaron, que el Sr. Rector no haría tal petición ni verbalmente ni por escrito. Resistió todos los embates. El problema ahora era del gobierno; tenía una papa caliente en las manos. El argumento, poco valorado en su tiempo, pero históricamente aleccionador fue el de no legitimar por ningún motivo un acto ilegal. El solicitar el desalojo significaba legitimar una acción de gobierno ilegal y se sentaría un precedente de que el estado podría invadir en el futuro, cuantas veces lo considerara necesario cualquier universidad del país.
Sin mediar petición, los militares abandonaron CU. Se acercaban las olimpiadas. La primera medalla de oro fue el ACTO DE DIGNIDAD del rector Barros Sierra. (ref: 1968. Conversaciones con Gastón García Cantú. Siglo XXI editores, 1972)
El 20 de febrero de 2009, entraron fuerzas armadas como estampida de búfalos en algunas casas de la calle Juan de Montoro y fincas aledañas bajo pretexto de ir en busca de peligrosos delincuentes organizados. Mejor organizados que las fuerzas del orden puesto que huyeron. Los daños patrimoniales causados a moradores de viviendas particulares así como de la oficina de Gestión del Congreso del Estado y sus empleados atropellados no son cuantificables. Operativo fallido pues no hubo un solo detenido.
La reacción inicial de algunos diputados fue de indignación light. Pasados algunos días citaron a “comparecer” al responsable de la seguridad en el estado y envalentonado se presenta y les receta una historia de amor hacia México y Aguascalientes que ningún diputado va a regatearle. Habló, regañó y se largó dejando a la representación pasmada y sin reaccionar. Solo atinaron a declarar que no los dejó satisfechos.
Cómo no iba a llegar al congreso como pavo real, si previo a su visita se reunió con la otra representación social que es la cúpula empresarial. De ahí salió con orejas y rabo. Había encontrado quien legitimara las arbitrariedades cometidas en días pasados. Lo que no declaró el responsable de la seguridad lo pregonaron los empresarios. Otorgaron apoyo irrestricto a la ilegalidad.
Un abogado de la cúpula dio cátedra banquetera sobre flagrancia y escupió tecnicismos vitamínicos para violar la constitución y leyes complementarias y de la mano de la máxima representación empresarial, nos advierten que no importa que en ocasiones se falle en los operativos y que si nos cruzamos en su camino pues el mal será menor que el que nos impone la delincuencia organizada. Seguramente no estaban pensando en sus trabajadores que han sido víctimas de delitos comunes en sus bienes y sus personas, en el taxista asaltado, en el que le robaron su bicicleta, en el empleado que asaltan o hieren, en las victimas de los abusos policiacos.
Al igual que sucedió en 1968, la oligarquía se exhibió como instrumento del accionar político de la derecha reaccionaria, conservadora, protectora de sus propios intereses y obsequiosa con los gobernantes. Se creen vacunados por su incondicional legitimación no solo de un acto ilegal sino de una conducta recurrente del ejecutivo hacia el legislativo. Pinochet, Videla, Franco y demás insignes personajes los cubren con su manto. La derecha avanza.
