México, D.F.- El senador por Aguascalientes Carlos Lozano de la Torre, al ser cuestionado sobre el retraso en la ejecución de los compromisos en materia de proveedores nacionales, que fueron acordados en la aprobación de la reforma energética, explicó que “no estamos rehuyendo a nuestra responsabilidad, pero el que tiene que ejecutar las leyes es el Poder Ejecutivo, nosotros estamos atentos a las necesidades que surgen en materia legislativa, y mediante un trabajo conjunto con el gobierno federal, sacamos adelante las cosas”.
“Existe una preocupación de parte de nosotros por la falta de claridad del Gobierno en las estrategias para fortalecer a nuestro empresariado nacional en materia de hidrocarburos”, señaló el legislador priísta al referirse a la nueva Ley de Petróleos Mexicanos publicada el pasado mes de noviembre del año pasado en la que se establece que debe existir cuando menos un 25% de participación de pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición, servicios y obras públicas de Petróleos Mexicanos (PEMEX).
De igual forma, el legislador quiso puntualizar que “en las licitaciones nacionales, PEMEX y sus organismos subsidiarios deberán adjudicar, en igualdad de circunstancias, a favor de las pequeñas y medianas empresas, con el propósito de fomentar su desarrollo y participación”.
De igual forma, precisó que debido a que los plazos para establecer las estrategias en este tema están “en tiempo”; el PRI en el Senado ha hecho un llamado al gobierno federal para que “establezca a la brevedad un plan estratégico integral de negocios, con el objeto de impulsar a nuestro mercado interno mediante la participación directa de estas empresas”.
“Hemos visto indefiniciones de parte del gobierno en temas que urgen respuestas rápidas, por lo que es inaplazable la aplicación de la reforma energética, que además de incorporar una visión a mediano y largo plazo para el fortalecimiento de nuestro empresariado nacional; incentivaría la generación de empleo en esta época de crisis económica”, puntualizó el legislador, quien fue uno de los principales promotores de que el tema fuera incorporado a la reforma aprobada.
Asimismo, indicó que el gobierno ha incurrido en un incumplimiento legal, pues en dicha reforma también se contempló la creación de un fondo de Nacional Financiera por 5 mil millones de pesos en 2009 y 2 mil 500 millones de pesos en 2010, para promover el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales. “Esta situación –dijo-, presenta un ‘vencimiento’ en el plazo de ejecución, pues dicho fondo debió empezar a operar desde el pasado 26 de febrero”.
Finalmente, Carlos Lozano puntualizó que “estas disposiciones toman verdadera relevancia, pues ante esta situación de recesión, los primeros perjudicados son la pequeña y mediana empresa, que a su vez son las que generan el mayor número de empleos en nuestro país. Definir estrategias para apoyar a la pequeña y mediana empresa es la facultad que otorgó el Congreso de la Unión a Petróleos Mexicanos y al Poder Ejecutivo Federal; por lo que la profundidad de la crisis mundial exige que se aceleren los tiempos marcados en la ley y que se presente esta estrategia lo más pronto posible”.
