La influenzia de la concesionaria

Proactiva Medio Ambiente Caasa S.A de C.V. es la empresa que explota el Título de Concesión de Agua Potable y Alcantarillado en Aguascalientes desde el año de 1993. A partir de esa fecha,la concesionaria ha operado con distintos nombres en perjuicio del sistema tributario nacional y ha hecho de la elusión su principal herramienta para evadir el fisco. Nadie ha puesto freno a  la rapacidad de una empresa que ha violado flagrantemente las disposiciones sanitarias en materia de salud pública en la prevencion, control y combate de la existencia y transmisión del virus de la infleunza estacional epidémica decretada por el gobierno usurpador y publicadas en el diario oficial de la federación el pasado 25 de abril, hecho que obligó al Gobierno del Estado a suspender la Feria Nacional de San Marcos,con el consabido desastre económico que ello provocó, no así, los cortes de agua que sin misericordia alguna, se ejecutaron en cientos de hogares, ignorando las disposiciones legales y las facultades extraordinarias otorgadas a cada entidad federativa en la utilización de todos los recursos médicos y de asistencia social de los sectores público, social y privado existentes. Nadie puede dudar que es imposible contener y controlar una “pandemia” cuando a cientos de familias les cortan el suministro de agua potable por falta de pago en perjuicio de la salud pública y del sistema sanitario mundial. Es inadmisible que en medio del terror surgido por la declaratoria de alerta sanitaria, ninguna autoridad reconvino a la raposa empresa para que no procediera a la suspensión del servicio de agua potable, en el marco de las medidas higiénicas que alcanzaron el nivel de hartazgo al recomendarnos el lavado constante de manos que cientos de familias no pudieron cumplir por carecer en sus hogares del vital líquido. Esta situación más peligrosa que la prohibición de reuniones masivas, la clausura temporal de locales y espectáculos de todo tipo, no representó al Gobierno Estatal riesgo alguno, a pesar del “Estado de Excepción” que el gobierno calderonista en su artículo sexto decretó: “Se conmina a los particulares a brindar los apoyos y facilidades que establecen las disposiciones juridicas en materia de salubridad general.” Quedó claro que para la concesionaria no existió emergencia alguna ni autoridad que vigilara sus criminales cortes de agua. A la sociedad de Aguascalientes le asiste el derecho de saber si los casos de influenza confirmados y las defunciones están vinculadas a hogares donde les fue suspendido el servicio. Razones le sobran a Fernando Alférez Barbosa en su denuncia interpuesta en la PGR contra la empresa, en especial en su terco discurso donde afirma que en este país no se castiga el delito sino la pobreza. Hasta cuando los pobres de Aguascalientes serán rescatados de sus deudas de agua potable con el mismo gesto solidario con el que son salvados de la bancarrota y con dinero público los empresarios afines al régimen. Si la influenza no es una farsa, que el gobierno ordene entonces a la concesionaria la reconexión inmediata a la red de agua potable y alcantarillado de todas las tomas clausuradas por falta de pago, “haiga sido como haiga sido”, del medidor o de la banqueta y que de una vez por todas se tomen las medidas necesarias e impostergables destinadas a evitar una nueva ocurrencia de los mismos hechos con el objeto de restablecer los derechos constitucionales de todos los mexicanos.