Los vecinos del fraccionamiento San Carlos se organizaron y expusieron ante la presidencia municipal de Jesús María su inconformidad del rastro Tipo de Inspección Federal (TIF), que según versiones de los líderes se encontrará ubicado en la carretera Valladolid – Garabato.
Aunque el fraccionamiento residencial pertenece al ayuntamiento de Pabellón de Arteaga, la colindancia con la construcción del rastro municipal es de apenas una calle divisoria, por tal motivo en la carta que se le expuso al presidente municipal, Gregorio Zamarripa Delgado, se presenta una solicitud para que se explique el proyecto con todas sus especificaciones.
De antemano los vecinos firmaron el documento en el que se determina que podría afectar tanto al terreno de vivienda como al parque acuático que se encuentra en las cercanías.
“Además de lo anterior, esta zona es semiárida, es decir, no cuenta con agua suficiente para mantener un rastro y que además, el uso de agua en esta zona es agrícola sólo pueden cederse los derechos a personas físicas”.
La señora Adela Rivas Montiel, una de las afectadas, comentó a La Jornada Aguascalientes que según se sabe el representante legal del pozo del lugar, Ismael Guerra, tuvo un acercamiento con los intermediarios de esta construcción, Ricardo Pérez Gómez y Antonio de la Riva, a quienes se les expuso que no se les proporcionaría el agua porque era exclusivamente para los terrenos.
Situación que se repitió los dueños del rastro, personas que prefirieron no establecer algún diálogo y aseguraron que el problema sería resuelto.
Al acudir al lugar, se puede notar que existen algunos surcos en los que a palabras de los campesinos del lugar se pretende comenzar con esta edificación, misma que no ha sido presentada ante los posibles afectados de la zona, de ahí entonces la petición de los lugareños pues consideraron se trataría de un riesgo para su salud y el ambiente que se vive.
En el documento que presentaron a la presidencia municipal de Jesús María, exponen su interés porque se desarrolle un rastro de este tipo pero siempre y cuando se encuentre lejos de algún recinto poblacional y no sea en terrenos que tienen aguas termales como sucede en este caso.
Al pie del oficio firman más de 50 personas, mientras que el cálculo es que existen cerca de 100 familias que radican en San Carlos.
Según un documento al que tuvo acceso este diario, el rastro será de cárnicos porcinos y contará con una inversión total de 32 millones 200 mil pesos, en el que se incluye el terreno de mil metros, la construcción, el material y equipo, los gastos de instalación, el equipo de oficinas y cómputo, el incinerador par decomiso, el equipo de transporte y una planta de tratamiento de aguas.
La plantillad el personal de operaciones llegaría a 22, representando un costo para su labor de 139 mil pesos; el personal de administración seria de 5 elementos, a los que se les pagaría 50 mil pesos; “la tasa interna de retorno del rastro, considerando sacrificio de 400 cerdos diarios es de 0.8 por ciento”.
