Luis David Mendoza Esparza, presidente de la comisión de desarrollo económico en el congreso local reveló que está en fase de análisis una iniciativa de ley de desarrollo económico para Aguascalientes que, entre otras cosas, prevé la creación de un programa de proveedores locales, obligando al gobierno del estado a realizar cuando menos un 35 por ciento de sus adquisiciones en empresas de la entidad.
Además, busca extender los programas de desarrollo económico a los municipios del interior y brindar apoyo a los negocios de Aguascalientes para que se puedan convertir en exportadores de sus productos.
Lo anterior, tras señalar que es necesario redireccionar el gasto hacia la reactivación de la economía, tomando como referencia cifras de INEGI que indican una caída de entre 8 y 9 por ciento en las ventas del sector comercial en esta entidad.
Mendoza Esparza señaló que el tema económico deberá ser la prioridad de los tres poderes y los tres niveles de gobierno no sólo en el siguiente periodo o lo que resta del año, sino por tres o cuatro años más, pues la de nuestro país es aún una economía dependiente de la de Estados Unidos y esa nación comenzará a recuperarse hasta principios de 2012.
Al referirse a los resultados del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) publicados por el INEGI esta semana, que revelan un decrecimiento de 11.1 por ciento en la actividad económica del país hasta mayo de 2009, con respecto del año anterior, explicó que está habiendo un retroceso económico en el que no sólo no hay ganancias en el sector productivo, sino que está habiendo pérdidas en actividades como agricultura, ganadería, minería, industria de la transformación, transporte, comercio, etcétera.
Con base en esto, desestimó que la crisis económica en el estado y en país ya haya tocado fondo y consideró que los gobiernos federal y estatal no están “preparando el terreno para el rebote del ciclo económico”.
Sobre la labor de los congresos estatales y el de la unión en materia económica, afirmó que éste debe consistir en “generar las condiciones marco jurídico” para que los gobiernos puedan generar políticas públicas contracíclicas más eficientes, así como determinar de manera responsable el presupuesto para el ejercicio de 2010.
Finalmente, instó a los ejecutivos federal, estatales y municipales a reducir el gasto corriente “en un porcentaje muy significativo”, destinando el grueso de la inversión a infraestructura, capacitación a la ciudadanía para el trabajo, tecnología y, sobre todo, en la creación de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs), enfatizando en la necesidad de programas de crédito más agresivos y con condiciones preferenciales.
