Pese a que propone un método de agilización del trabajo legislativo, la iniciativa denominada “Afirmativa Ficta Parlamentaria” fue una de las que quedaron en proceso de revisión en comisiones al cierre del segundo periodo ordinario de sesiones en el congreso local.
El proyecto fue presentado el pasado 2 de julio por diputado del Partido Convergencia (PC), Vicente Pérez Almanza, quien se amparó en el argumento de que la LX legislatura arrastraba un rezago de iniciativas que databan incluso del congreso antepasado.
Reformando y adicionando artículos a la ley orgánica del poder legislativo, Pérez Almanza propone establecer un plazo de cuatro meses, a partir de la presentación de una iniciativa, para que ésta sea turnada para su revisión a la o las comisiones correspondientes y que éstas a su vez la dictaminen y pongan a disposición del pleno.
En caso de que no se hagan las observaciones o correcciones pertinentes, o no se recaben las opiniones de las instancias involucradas en el término dado, la propuesta se dará automáticamente por aprobada y se subirá al pleno en las condiciones que haya sido presentada, ya sea para su publicación en el periódico oficial o para recibir el veto del ejecutivo, además de que quienes integren las comisiones encargadas de la revisión, serán sancionados con hasta 30 días de su salario.
Aunque coincidió en la necesidad de dar celeridad al trabajo legislativo, Gerardo Sánchez Garibay consideró que esta iniciativa es poco viable, pues la evalúa contraria a la intención de la creación de leyes y propicia para que las leyes salgan de una “vaporera”, pues de aprobarse, la labor de los diputados se llevaría a cabo “a razón de tiempo y no de análisis”.
En su momento, Pérez Almanza consideró que en cuatro meses se podrían hacer las consultas, foros y modificaciones pertinentes, argumentando que, entre otras herramientas, el congreso local contaba con el Instituto de Investigaciones Legislativas (IIL).
Sin embargo, Sánchez Garibay indicó que el espíritu del proceso legislativo es la creación de normas jurídicas que regulen los actos de una sociedad, pero la funcionalidad de ellas depende “de las condiciones fácticas del momento histórico en que se dé”; es decir, de factores como la economía y la situación política, además de que para que se genere una ley, se requiere llegar a un acuerdo político o de lo contrario se corre el riesgo de generar lagunas legales.
Por otra parte, recordó que la afirmativa ficta surgió del derecho administrativo, como un recurso para que los particulares que hicieran una petición al estado recibieran contestación de éste en un tiempo determinado, entendiéndose una respuesta positiva si en ese plazo no la solicitud no era atendida; en ese sentido, descartó que pudiera aplicarse la figura en lo que se refiere a la legislación.
