La cuenta pública del Municipio de El Llano fue revisada más no aprobada por la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, ya que la administración encabezada por Salvador Martín del Campo no dio contestación al pliego de observaciones y recomendaciones girado por la comisión el 10 de marzo del 2009, por tal motivo, el presidente municipal, el síndico y el tesorero municipal se harán acreedores a una amonestación al faltar al artículos 41 y 42, primer párrafo, fracción II de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del Estado de Aguascalientes.
Dentro de las irregularidades no solventadas destaca que en el Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, existe un saldo deudor de un millón 510 mil 643 pesos al 31 de diciembre del 2007, específicamente en la cuenta Equipamiento Seguridad Pública.
En este sentido el dictamen contienen la respuesta del presidente municipal de la administración 2005-2007, José de Jesús Rodríguez Ontiveros, quien por medio de una carta argumenta que este adeudo fue arrastrado por pasadas administraciones y asevera que durante su administración se redujo el monto.
En lo referente a la administración directa del municipio el dictamen emitido por la comisión de vigilancia marca 21 observaciones, de las cuales en diversos casos se exige el reintegro de sumas de dinero que en su conjunto llegan a la cantidad de un millón 919 mil 720 pesos.
Entre las irregularidades destacan el pago de 867 mil 968 pesos por concepto de honorario, sin existir un convenio o evidencia de los servicios prestados al municipio de El Llano. Asimismo el pago de 353 mil 414 pesos por recargos y actualizaciones por no realizar en tiempo y forma el pago de las cuotas patronales del IMSS; en el dictamen se lee que deberán deslindarse responsabilidades de funcionarios a cargo de efectuar los pagos.
Las causas de la solicitud por parte de la comisión del reintegro de dinero, van desde la falta de documentos que comprueben gastos, hasta la expedición de cheques sin fondo para el pago de luz, irregularidades en la venta de vehículos oficiales, movimientos bancarios imprecisos y pagos de diversos honorarios sin justifación.
