- Limita facultades del procurador y le retira calidad
Mientras el titular del Poder Judicial en el estado hizo hincapié en la necesidad de dar a éste independencia presupuestal para garantizar su autonomía en imparcialidad, las comisiones unidas de Seguridad Pública y de Gobernación y Puntos Constitucionales en el Congreso del estado tienen listo ya un proyecto de dictamen que aprobaría separar completamente al Ministerio Público del ejecutivo estatal y definiría límites a las facultades del procurador de justicia.
La iniciativa, presentada en diciembre de 2003 por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue conjuntada con otras dos iniciativas, que incluyen la de introducir el nuevo sistema de justicia penal, la creación de la carrera ministerial en forma similar a la judicial y regulación referente a la policía municipal.
Se trata de una reforma a los artículos 59, 60, 61 y 71 de la Constitución local que establecen que el Ministerio Público “será un organismo público, autónomo e independiente, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que estará presidido por un Procurador General de Justicia del estado, propuesto de una terna que presente el ejecutivo del estado y designado por más de la mitad de los miembros del Congreso del estado”.
Establece que este funcionario permanezca en el cargo cinco años y le da la posibilidad de se reelecto una única vez, debiendo reunir los mismos requisitos que quienes aspiran a ser magistrados del Poder Judicial.
Al MP, le confiere las obligaciones de investigar los delitos, ejercer acción penal ante tribunales considerando criterios de oportunidad para hacerlo y proteger a las víctimas, ofendidos, testigos y otros que intervengan en el proceso.
Al crear la carrera ministerial, establece que sea el Consejo del Ministerio quien se encargue de establecer y vigilar las condiciones para “el ingreso, formación y permanencia”, facultades y obligaciones de los funcionarios del Ministerio Público. Este consejo, señala, lo integrarán el procurador, dos agentes del MP, un representante del Poder Judicial y otro del Legislativo, que no sea diputado, durando en el cargo cuatro años, salvo en el caso del procurador.
Ordena al Ministerio y a todas las policías que operan en la entidad a trabajar en colaboración entre sí y con las corporaciones federales, formando el Sistema Estatal de Seguridad Pública, que entre otras cosas, tendrá la facultad de “formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos”.
A diferencia de la Constitución Política vigente, que da al procurador la posibilidad de intervenir personalmente en todos los asuntos de estado, la modificación al artículo 61 lo limita a participar “en todos los asuntos judiciales en que la ley dé intervención al Ministerio Público” y, al derogar su tercer párrafo, le retira la calidad de Consejero Jurídico del Gobierno del estado.
En cuanto a la policía municipal, la pone al mando del presidente municipal “en los términos de la Ley de Seguridad Pública del estado” “que también está pendiente de reformarse para empatarla con la legislación federal en la materia-, salvo en los casos que el ejecutivo “juzgue como de fuerza mayor”, en los que deberá responder a las órdenes del gobernador.
Se saben que el dictamen cuenta con el visto bueno de la mayoría priísta en el legislativo y algunos integrantes de la bancada de acción nacional, y se espera que sea subido al pleno en próximos días.
El 7 de septiembre de 2009, Luis Armando Reynoso Femat, titular del ejecutivo, consideró que la iniciativa “son acciones que tienden, tal vez, a politizar, más que a dar una certeza de acción” y sostuvo que debía ser analizada a fondo antes de aprobarse.
