- Denigrante, injusta y “de escritorio”, reforma estructural al Poder Judicial
- Consideran presidente y magistrado del STJ que “es una falta de respeto” a la división de poderes
De haberse aprobado el dictamen de reforma estructural al Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura Estatal (CJE) tendría una nueva conformación que, tan sólo en su primera año de aplicación costaría al erario público 12 millones 594 mil 575.31 pesos, de acuerdo con un cálculo del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) presentado al Congreso.
Bajo la propuesta de que lo integraran tres miembros del Poder Judicial, dos del legislativo y uno del ejecutivo, el CJE requeriría más de 9 millones de pesos adicionales a lo que actualmente cuesta.
Arturo Muñiz Candelas, presidente del CJE y del STJ explicó que el dictamen que se votaría la semana pasada plantea que los consejeros “serán inamovibles de su encargo y durante éste no podrán desempeñar labor alguna distinta de la del Consejo” y presentó una tabla donde consta que, por salarios, prestaciones y bonos, los seis consejeros y sus asistentes cuestan 9 millones 583 mil 820.46 pesos.
Además, se requerirían 1 millón 27 mil 56 pesos para mobiliario y equipo y alrededor de 1 millón 400 mil pesos para infraestructura, así como 583 mil 698.85 pesos para mantenimiento, papelería y servicios generales.
El CJE sesiona una vez cada mes y cada uno de los consejeros de todos los poderes recibe por ello un bono de 6 mil pesos por sesión, contados en el apartado de bonos de este reporte.
Denigrante, injusta y de subordinación del Poder Judicial, reformas a su estructura
Este documento se adjunto a las observaciones formales del Poder Judicial a la reforma que el Congreso pretende hacer a su estructura. En palabras, Muñiz Candelas señaló que ese dictamen pone al Poder Judicial en una situación “denigrante”, “injusta” y de “subordinación” respecto del ejecutivo y el legislativo.
Lo llamó “una reforma de escritorio” que se hizo sin conocimiento del funcionamiento del Poder Judicial y sostuvo que, tal como se pretendía votarla, “es una falta de respeto” al PJ y un atentado a su autonomía de acción y presupuestaria que “no puede concebirse en un régimen democrático donde hay igualdad entre los poderes”.
“¿Por qué no pensar que el judicial puede manejar al ejecutivo y al legislativo? ¿Por qué no se plantean ese supuesto? Porque lo ven el más débil”, cuestionó y respondió para explicar la importancia de que ni gobierno ni Congreso intervengan en el uso de sus recursos, argumentando también con que “seguimos todavía con esa marca de que nos pueden manejar” gracias a asuntos como la definición del de inicio del proceso electoral y “las situaciones judiciales en relación con un precandidato” como Martín Orozco.
Ante los legisladores, el presidente del STJ negó que los magistrados ejerzan recursos del presupuesto de manera discrecional y, como este diario publicara, los remitió al portal de transparencia del Supremo Tribunal para que encuentren la prueba.
