- Considera que el dictamen original permitiría que contralor actuara con arbitrariedad
- Evalúa que la iniciativa persigue “buen fin” y está respaldada de forma acertada
Para conseguir que los diputados y funcionarios del Poder Legislativo presenten su declaración patrimonial ante la contraloría interna y no ante la general del estado, se requieren reformas más simples a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Aguascalientes, determinó un estudio del Instituto de Investigaciones Legislativas (IIL) del Congreso local que incluyó varios comentarios y sugerencias de corrección al documento de reforma de la comisión de reglamentos y prácticas parlamentarias.
Aunque consideró que la propuesta persigue “un buen fin y los antecedentes y considerandos son acertados”, el IIL consideró en primer lugar que pretender adicionar el artículo 122 a esa legislación “rompe la línea conductora de la estructura de normas y sanciones por incumplimiento en la obligación de presentar declaración patrimonial” y propone que en lugar de reformar el capítulo único del título quinto de la ley, compuesto del artículo 108, como originalmente se planteó, se modifique ese mismo artículo de la ley actual agregándole el texto propuesto para el artículo 122.
Así, el artículo 108 establecería entre otras cosas que “La contraloría del Poder Legislativo, la del Poder Judicial, la de cada uno de los municipios y la de los organismos autónomos, por ley, llevarán el registro de la situación patrimonial de sus respectivos servidores públicos, de conformidad con lo señalado en esta y las leyes que resulten aplicables”.
La investigación señala también que la propuesta original contiene un artículo incorrecto en cuanto a técnica legislativa, pues pretende “en un mismo acto legislativo, modificar una norma general con nivel de ley y una norma particular interna de carácter reglamentario, cuando lo correcto es que esta modificación se haga en dos momentos” y se refiere a la inclusión de las reformas derivas de la disposición al reglamento de los órganos auxiliares del Congreso en el mismo dictamen donde se marcan las modificaciones a la ley de responsabilidades.
Refiere, por otro lado, que hay disposiciones que pudieran resultar innecesarias porque ya se encuentran enmarcadas en la ley vigente y en el reglamento correspondiente; el instituto evaluó además que “la redacción del dictamen, en especial de los dos artículos del decreto que lo componen, se hacen en términos, a nuestro juicio, desafortunados y confusos” e indicó que equívocamente se prevé la derogación de una fracción del artículo 108 que más bien corresponde al 109 y que, aún así, “es erróneo sacar de su contenido la obligación general para poner en un nuevo artículo y un nuevo capítulo la misma obligación”, por lo que recomienda no modificar este artículo.
La propuesta, dijo, como se pretende aprobar, podría “dejar lugar a una posible arbitrariedad, al facultar al contralor para que libremente determine mediante “acuerdos” a los funcionarios que deban presentar declaración patrimonial, o cual pareciera facultad de un órgano de gobierno superior dentro del Congreso”.
Cabe recordar que inconformidades de los diputados con la labor del actual contralor detuvieron el avance de este dictamen en comisiones y de manera extraoficial se supo que debido al trabajo en las reformas constitucionales encaminadas al Poder Judicial, los trabajos en esta propuesta se encuentran detenidos.
