- El objetivo es ganar indignación social para así evitar que suceda una vez más
- Es una rotunda mentira que esta medida esté hecha pensando en brindarles protección a ellas
Los procesos judiciales emprendidos contra las mujeres que abortan les arrancan por completo su vida, las dejan sin nada. Pareciera que ciertos legisladores y las organizaciones “en favor de la vida” no han acabado de entender la gravedad del asunto, esta es la perspectiva que tiene Verónica Cruz Sánchez, directora de la Asociación Centro Las Libres de Información en Salud Sexual, región centro, una de las activistas más aguerridas en el tema del aborto que ha trabajado desde uno de los estados más discriminatorios del país como es Guanajuato.
“Pierden todo, es una situación brutal, devastante porque no sólo pierden la libertad, sino pudieron haber perdido la vida porque la mayoría que quienes las denunciaron no las atendieron, dejaron que se desangraran porque se convirtieron en sus jueces diciéndoles: tienes que sufrir lo que sufrió tu producto”.
Bajo esta circunstancia las mujeres se han dado cuenta de que la peor etapa fue la que vivieron en el hospital y en los ministerios públicos, la mejor fue en la cárcel. Algo que parecería impensable, bajo situaciones de engaños, amenazas y violaciones.
“Acaban con toda tu vida y todo lo que implica en materia de salud, en materia de derechos humanos, en todos los aspectos de tu vida y quedarte con el estigma para siempre”.
La activista estará en Aguascalientes hoy para ofrecer una rueda de prensa y hablar sobre las verdaderas repercusiones de una modificación en la Constitución para proteger la vida desde el momento de la concepción y de alguna manera frenar o al menos concientizar a los legisladores locales de estas implicaciones que no tienen nada que ver con el bienestar de las mujeres en la sociedad.
“El discurso mentiroso de nuestros legisladores que han aprobado estas reformas, de no queremos afectar a las mujeres, es solamente garantizar el derecho básico de la vida, bla bla bla, eso no es verdad, hay una intencionalidad concreta dirigida a las mujeres y focalizar la injusticia hacia las mujeres pobres”.
La organización que Cruz Sánchez preside es la única en el país que se ha dado a la tarea de documentar las afectaciones concretas y directas que estas leyes retrogradas contra la vida, la salud y la libertad de las mujeres en Guanajuato, además de la investigación que desde hace una década han hecho sobre las violaciones que los funcionarios ejercen contra las mujeres en situación de aborto.
Una serie de amenazas reales, intimidaciones, agresiones fueron lo que ellas encontraron en este estudio. “Las mujeres víctimas de violación son doblemente violadas por el Estado cuando el gobierno les niega los servicios de aborto legal y luego las criminaliza”.
Luego de lograr la liberación de una de las mujeres encarceladas por motivo de aborto, de las seis que están aún pagando pena, la cosa más brutal que ellas han evidenciado es que han sido acusadas no de aborto, sino de homicidio del que se les acusó para darles las penas máximas, como si ellas hubieran matado a sus hijos.
“Hay una serie de irregularidades, una configuración, una fabricación de pruebas incluso para decir que ellas, en principio que los productos nacieron vivos y que ellas fueron las que los privaron de la vida y ahí estamos demostrando un abuso en el ejercicio del poder, un abuso en el uso del derecho penal para castigar a estas mujeres con sentencias hasta de 29 años”.
Justamente porque ellas comprobaron que no había delito qué perseguir fue que una de las mujeres encarceladas pudo salir en libertad, pero aún así tuvo que estar tres años de su vida encerrada y lo mismo pasa con quienes tienen cuatro u ocho años.
Para esta asociación permanecer y seguir luchando en el que es la entidad más criminalizada y retrograda en el tema de derechos humanos hacia las mujeres, ha sido totalmente adverso por estar como sociedad civil organizada en contra de quienes detentan el poder.
El próximo objetivo de la organización es liberar a las mujeres que todavía están presas por el mismo motivo que la que fue liberada, solamente que con ellas fueron ya agotados los recursos locales, la opción es trabajar con los amparos directos a nivel federal. “Más que ello necesitamos ganar indignación social porque tenemos que lograr que esto deje de pasar, no podemos permitir que todas las mujeres de Guanajuato estemos en riesgo y más las mujeres embarazadas porque cualquier mujer embarazada al rato podría estar en la cárcel”.
