- El PRI en el Congreso, con la cuchara grande
- Al PAN… lo que queda
- Más permisos antes de irse
La repartición de comisiones en el Congreso del estado avanza, al menos para el PRI, que ya tiene los nombres de otras comisiones que estaría encabezando.
El Comité de Administración sería encabezado por Kendor Macías, más o menos el mismo perfil (político) que Tagosam Salazar, en tanto que la Comisión de Vigilancia la presidiría Arturo Robles, estando por verse la diferencia entre su desempeño y el de Alberto Solís.
Mario Guevara Palomino estaría presidiendo la de Planeación y Desarrollo Urbano, que tuvo David Hernández Vallín en la anterior legislatura y heredó a Édgar Bussón tras su licencia para desempeñar la diputación federal.
Miguel Ángel Juárez, el exsecretario general, estaría en la Comisión de Justicia, con todas las probabilidades de mejorar lo hecho por su correligionario Enrique Rangel; Netzahualcóyotl Álvarez, líder sindical de los trabajadores de la salud, encabezaría la Comisión de Fortalecimiento Municipal que dejó Nora Ruvalcaba, mientras que su colega Jesús Ríos Alba presidiría la Comisión de Salud.
Otro de los movimientos en el PRI es la coordinación de Comunicación Social, que Mario Granados Roldán dejará para, se dice, ir de asesor a la administración de Lorena Martínez. En cambio, la titularidad del área la asumirá Lourdes Dávila Castañeda, quien ayer esperó sentada (literalmente) poder entrar a esa oficina, pues con el pretexto de que no llegaba la carta de entrega-recepción, Granados permaneció en la oficina y atendió a varios periodistas hasta casi la una de la tarde.
En el PAN, que muy seguramente quedará como tercera fuerza, le auguran las comisiones de Juventud, para José Luis Novales; de Asuntos Migratorios y del Deporte, hasta ahorita.
El viernes se incluirá en el orden del día la conformación de la Comisión de Gobierno y el resto de los grupos.
Aunque todavía no queda nada determinado para los terrenitos del Proyecto Estratégico Sur (PES), se dice que el permiso para poner el hipódromo y todo aquello para que la clase más adinerada acuda a divertirse y los de menor escala vayan a trabajar, no es un trámite inimaginable.
Esto, porque se han otorgado en lo que va del año, otros cuatro permisos que son de este mismo tipo, en diferentes estados, entre ellos en Veracruz. Sólo que aquí hace falta que los inversionistas cumplan con algunos requisitos, según el secretario de Turismo.
Pero mientras ocurre esta espera, habrá también que ir pensando en cómo extender el dinero porque en el PEF no está contemplado terminar el hospital Miguel Hidalgo, mucho menos el centro de convenciones, así que a chambearle.
En los meandros de la justicia. En lo que va del año se han acumulado aproximadamente 16 mil denuncias en el estado. Eso no tendría nada de espectacular a no ser de los hechos que están dándose tanto en el Tribunal de justicia local y la Procuraduría de justicia.
Para empezar: en promedio, el trámite de una averiguación previa es de 16 meses, es decir, un año y cuatro meses más.
Eso no es todo. Ahora, los jueces están considerando que el Ministerio público no está agotando procedimientos considerados como obligatorios, que es el de tratar de convencer a los involucrados en un pleito a llegar a un arreglo antes de irse a un juicio. De esta manera miles de sujetos que fueron dispuestos a disposición de juzgados penales muchos de ellos recluidos actualmente obtendrán su libertad por el pecado procedimental de no haber sido convencidos de negociar con su víctima.
De acuerdo con ese criterio impuesto a todos los jueces, la víctima está obligada a confrontar a su agresor y a tratar de negociar un acuerdo de orden económico antes de que el delincuente pueda ser llevado ante la justicia.
De esta manera en todos aquellos casos en los que no se llevó este requisito, 9 de cada 10 los jueces se han visto obligados a decretar la libertad oficiosa de los acusados con el argumento de que se trata de una “segunda oportunidad” para que lleguen a un arreglo con la contraparte, aseguran fuentes tanto del tribunal como de los ministerios públicos.
Si bien es cierto que la media se encuentra dirigida a los delitos que se persiguen por querella, también lo es que una cantidad muy importante de estos se ventilan en la agencia especializada de delitos sexuales e intrafamiliares en donde la víctima es re victimizada y re contra victimizada obligándola a confrontar a su agresor en claras condiciones de desventaja legal y sicológica lo que a la postre deriva en el desinterés y el miedo de la víctima para seguir con el proceso “orillando el MP a archivar las averiguaciones previas”. Ojalá que las autoridades puedan explicarnos qué es lo que está pasando, pues trascendió que ya hay jueces que están pidiendo la intervención de la federación, pues meses y años de trabajo podrían venirse abajo por esta mediación obligatoria, tomada así para el estado de un juicio llevado en el Ciudad de México o en el Estado de México.
