Parece que para los partidos políticos, no es rentable destinar recursos para promover el voto a favor de candidatos que no sean presidenciales. Los espacios de radio y T.V., y la mayoría de las actividades de propaganda partidista se centran en posicionar a estos últimos. Sin embargo, tenemos actores más cercanos a nuestra realidad local e inmediata, como los diputados (federales y locales), senadores, munícipes y delegados por quienes cada uno debe votar y de quienes en su mayoría no sabemos nada.
El Instituto Federal Electoral (IFE), a través de su portal Candidatas y candidatos: conócelos ha sido capaz de recabar información de menos de 2 por ciento de los 6 mil 422 candidatos a cargos de elección popular y representación proporcional para el Congreso.
Pero eso no es todo: prácticamente la totalidad de ese 2 por ciento ofreció tan sólo, esto es lo preocupante, un vínculo a sus páginas de Facebook, Twitter o un correo electrónico. Ninguna información sobre su trayectoria, títulos, certificaciones, trabajo previo, experiencia, entrenamiento, logros o habilidades. Es decir, ningún elemento que permita conocer sobre sus capacidades, experiencia o filiación. Grave en verdad que aún quienes “cumplieron”, no ofrecen datos que permitan “conocerlos”. Y hay casos como el de Jalisco, donde ni se molestaron por ofrecer dato alguno. En esa entidad ninguno de los candidatos a diputado sea por mayoría o participación proporcional, ofreció sus datos.
Hoy nada nos da la certeza de estar votando por un candidato probo, capaz, libre de vínculos con delincuencia o que simplemente apoye la libertad y el Estado de Derecho. Los partidos deciden qué comunicarnos sobre sus candidatos ya que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electoral (COFIPE) no los obliga a hacerlo cabalmente, y tan sólo abre la opción para que, cómo un acto de buena voluntad los partidos, ofrezcan información de sus militantes y candidatos. Pero independientemente de los partidos que los promueven, ¿no deberían los candidatos estar preocupados por que la ciudadanía sepa de ellos y su trayectoria? La publicidad electoral presenta candidatos que no conocemos y que no dicen nada al ciudadano. Además, no garantizan que estemos por elegir a alguien que pueda hacer la diferencia atendiendo los problemas que la ciudadanía demanda.
La gravedad del asunto es que, salvo los legisladores chapulines que brincan de una cámara o otra, tendremos una gran mayoría de representantes de quienes ignoramos de donde vienen, a quién representan y qué intereses los pusieron en ese puesto de elección y eventualmente en ese escaño. Esta es una gran afrenta a nuestra democracia: dejar llegar a puestos de representación a quienes se les ha relacionado con prácticas ilegales, de corrupción, intimidación y vejación de derechos humanos.
Esta “miopía forzada” de la autoridad electoral se entiende por un ordenamiento emanado de las reformas al COFIPE, donde en efecto no se permite conocer a cabalidad información sobre los candidatos.
En su artículo 42, relativo a la información que deben proveer los partidos políticos, no se enuncia la información de candidatos a cargos de elección popular. El círculo de opacidad se cierra en su artículo 44, incisos 1 y 2, donde se establece como información confidencial la relativa a “… las actividades de naturaleza privada, personal o familiar, de sus afiliados, dirigentes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, así como la información que contenga los datos personales de los afiliados, dirigentes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular. Salvo las listas de precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, que solamente contendrán el nombre completo y otros datos personales que autorice el interesado.”
Los partidos políticos, aún cuando son entes de interés público se resguardan en la ley que ellos mismos han creado para no ser sujetos de observación.
Por definición, en cualquier parte del mundo la información de los entes públicos es abierta, completa y de libre acceso. Estos son principios democráticos básicos que quizá China e Irán ignoran de forma abierta, pero la publicidad de la información debe ser un componente esencial en cualquier sistema democrático participativo que se precie de serlo. Especialmente durante los procesos para renovaren sus cargos a los representantes en el ejecutivo y legislativo.
Con todo esto sólo podemos imaginar lo que nos espera de la actuación de la LXII Legislatura. Este voto a ciegas por senadores y diputados nos llama a ser cautos y a utilizar ese sufragio de forma diferenciada y efectiva. Recordemos que elegimos representantes de dos poderes distintos, donde la actuación de uno no garantiza la efectividad del otro. Estos poderes deben ser un contrapeso y podemos aspirar a que ese contrapeso sea efectivo.
La confianza ciudadana se fortalece con la publicidad de información. Hoy los ciudadanos no tenemos mayor, ni mejor información para ejercer un voto informado. Una vez más, las prácticas de opacidad los partidos inciden en detrimento de la percepción y confianza ciudadana. Por lo pronto, votemos y de forma tan racional como sea posible.
Twitter: @mexevalua
José F. Tapia
Director de Estrategia e Investigación de @mexevalua
