Otra característica de la Ley de Seguridad Nacional consiste en introducir el lenguaje imperial para justificar la violación de los derechos y garantías establecidos en la Constitución. Así, se habla de otorgar a las fuerzas armadas atribuciones que no le corresponden: “intervención de comunicaciones privadas”; obtener “información anónima” y hasta se habla de perseguir “tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva”, como si México fuera, como Estados Unidos, una potencia agresiva, y por tanto, temerosa por la venganza de sus enemigos, etc.
Se abulta aún más la carga burocrática creando organismos como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que entre otras facultades tiene la extravagancia de “proponer medidas de prevención, disuasión, contención y desactivación de riesgos y amenazas…”, cayendo así en la absurda trampa imperial de la “guerra preventiva” contra un enemigo imaginario; esta ridiculez foxiana no tiene paralelo.
Y para cubrir los gastos de esta ocurrencia, la honorable Cámara de Diputados se dio el lujo de autorizar ¡5 mil millones de pesos sólo para el ejercicio presupuestal de 2005!
Militarización del país. Mientras hubo el pretexto de las guerrillas -en tiempos del Partido Revolucionario Institucional (PRI)- se justificó la acción del ejército en tareas de seguridad interna, aunque no recuerdo que se hubiese cumplido con la suspensión de garantías señaladas en el Artículo 29 constitucional; además, se utilizaron procedimientos ilegítimos (la guerra sucia importada de la Escuela de las Américas), llegándose al colmo de criminalizar a la población con el pretexto de la guerra contra el narcotráfico.
Pero cuando llegó al poder el Partido Acción Nacional (PAN), con el apoyo del PRI, y gracias a un sinfín de irregularidades mediante las cuales se reunió el “dinero negro” sin el cual “Fox no hubiera llegado a la presidencia” (según declaraciones de su genio de las finanzas Lino Korrodi, México entró de lleno en la propuesta militarista de Estados Unidos al promulgar la Ley de Seguridad Nacional que acabamos de comentar.
Dos meses después, el 23 de Marzo de 2005, Fox firmó lo que Gustavo Iruegas califica como “Alianza non sancta o adulterina” con Estados Unidos y Canadá: la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de la América del Norte (ASPAN).
Entre las facultades y obligaciones del presidente de la República, están las de “dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado”. Con la marrullería que caracteriza al gobierno de Estados Unidos -que desde hace tiempo maneja los hilos de la política mexicana desde Washington- bautizó el acuerdo como alianza y no como tratado internacional, para que no se sometiera a discusión del Senado como sucedió indebidamente.
Y la prueba de que ASPAN es un acuerdo que contiene asuntos de grave importancia, es que indebidamente su texto se ha mantenido en secreto desde entonces. Las únicas noticias que el gobierno de Estados Unidos da a conocer (porque los de Canadá y México sólo son comparsas) son las relativas al tema de competitividad (como si sólo fuera una extensión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994, o TLCAN “plus”) que tampoco es inocuo (pues ¿qué empresas mexicanas competirían favorablemente contra las estadounidenses?) porque recordemos que para el imperio, su seguridad nacional radica en mantener el saqueo de sus colonias para beneficio de sus mercaderes, con el apoyo de sus fuerzas armadas.
Este falso tratado o Alianza adulterina se ha ido imponiendo al margen del pueblo, del Senado y por tanto de la ley suprema, con medidas parciales cuidadosamente aplicadas por el titiritero imperial con resultados que el pueblo sólo ha ido viendo traducidos en una cada vez más avasalladora presencia de las fuerzas armadas en las calles, cuando deberían estar en sus cuarteles como lo establece el Artículo 129 constitucional.
Para tratar de borrar su cuestionada protesta presidencial con el Palacio Legislativo tomado por el ejército, Felipe Calderón tuvo la inmediata “ocurrencia” -en 2006- de lanzar una declaración de guerra contra el narcotráfico; guerra legalmente inexistente porque no solicitó autorización alguna al Congreso de la Unión como lo estipula la Fracción IX del Artículo 89 constitucional, el que seguramente no se la habría otorgado porque es absurdo que el propio gobierno declare una guerra civil: como darse a sí mismo una puñalada por la espalda. Sin embargo, la guerra ha sido tan real como los cientos de miles de muertos, desaparecidos y desplazados provocados por su insensatez.
Pero lo más probable es que no haya sido una “ocurrencia de Calderón”, sino una instrucción del imperio enmarcada en la estrategia secreta de la ASPAN, “alianza” que, como afirma José Antonio Almazán González, “…avanza hacia la constitución de un Estado supranacional, bajo la hegemonía de Estados Unidos, y por supuesto violando la Constitución. ¿Lo permitiremos?” n
(Continuará)
Aguascalientes, México, América Latina
