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En el transcurso de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, celebrada este martes en Aguascalientes participaron 64 ediles del país, se tomó la determinación de pedir al futuro presidente de la República considere reorientar las baterías al privilegiar la prevención del delito y no el combate frontal, informó Lorena Martínez Rodríguez.
La alcaldesa capitalina, quien también preside la Conferencia, consideró idónea dicha postura, pues algunos yerros de la actual vía de acción son los “terribles” cuellos de botella en lo tocante a la aplicación de exámenes de control de confianza en las corporaciones, además de la formación de rispideces entre policías municipales y estatales a raíz de cuestiones políticas.
Calificó este último punto como uno “de los más álgidos” abordados durante la reunión de funcionarios.
Se trata, dijo, de “una especie de bloqueo; eso se puso en la mesa precisamente como una demanda de la Conferencia al Secretariado Ejecutivo (del Sistema Nacional de Seguridad Pública)”.
A su vez se quejó por la lentitud que envuelve al proceso de evaluación de un uniformado, pues es común que su concreción tome hasta tres meses a los Centros de Control distribuidos por las entidades.
“Hay un rezago muy importante en cuanto a las solicitudes que realizan las corporaciones para que se efectúen los exámenes de control de confianza y la capacidad de respuesta que tienen los centros… hay un retraso muy importante en la entrega de resultados”.
Por estos motivos, expuso Martínez, resulta imposible cumplir con las metas de saneamiento institucional impuestas por la federación a las municipalidades.
Demandó la instalación de un mayor número de Centros de Control de Confianza, además de mayor flexibilidad para que los agentes puedan ser evaluados en centros estatales y alternos.
“Se llegó a un acuerdo… se va a instalar una mesa de trabajo con la responsable de los centros de control de confianza (para) revisar caso por caso, estado por estado, municipio por municipio, para que sea directamente el Secretariado Ejecutivo el que desatore o resuelva los problemas que se tienen en muchas entidades federativas”.
El citado, aseveró, no es un problema de recursos, pues el Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios (Subsemun) maneja un apartado especial para lo propio. Atribuyó el conflicto a los C-4 del país, quienes carecen de capacidad para procesar las solicitudes.
Tras señalar que en Aguascalientes sólo resta por ser examinado un mando superior y que “en el resto de la corporación están todos evaluados y estamos esperando los resultados”, refirió que al siguiente Ejecutivo federal también se le pedirá duplicar la bolsa del subsidio.
“Nuestras cuentas no pueden bajar de 8 mil millones de pesos para el Subsemun”. Dicha cantidad, anotó, alcanzaría para 340 alcaldías, el equivalente a “atender” al 70 por ciento de la población de México.
En otro orden de ideas la priísta ratificó la intención de adquirir deuda pública para infraestructura hidráulica y de iluminación. El primero de los proyectos demandaría al municipio 120 millones de pesos. Mencionó que el tope de deuda para esta capital es de 150 millones.
“No vamos a pedir más de lo que podamos (pagar)… hay un dictamen de las calificadoras que nos establecen un tope máximo para no poner en riesgo la calificación (crediticia)… Aguascalientes es el primer municipio del país que tiene su calificación financiera sana y la vamos a conservar”.
El tema de la Línea Verde entraría a la entrevista colectiva momentos más tarde.
Lorena Martínez anunció la creación de un “organismo público descentralizado” que operaría el parque, con el timón de Gabriel Ramírez Pasillas, actual director del DIF municipal.
Comentó que en el equipo habrá “pocos administrativos” y que estará compuesto por alrededor de 100 personas.
“El grueso del personal tiene que ser instructores deportivos, tienen que ser seguridad y mantenimiento y conservación, es decir, barrenderos, jardineros, quienes reparen los juegos, etcétera”.
Estimó la alcaldesa que este organismo trabajará con un promedio de 25 millones de pesos anuales.
“Tenemos mucha infraestructura que requiere ya ser administrada profesionalmente, entonces desde ahí vamos a operar todos los torneos y todas las acciones deportivas de la región oriente y desde ahí vamos a operar el programa de Convivencia y Seguridad sobre las 80 colonias de la Línea Verde”.
