- Sancionar quedará a cargo exclusivo de las contralorías municipales, hay desconfianza
- Ya basta de que Congreso del Estado sea tapadera de delincuentes, exclamó Alfredo Reyes
Los grupos parlamentario del PANAL, PVEM y PRI (salvo por las abstenciones de Mario Guevara y Gustavo Granados), mostraron su negativa a la propuesta de devolver a la Comisión de Vigilancia el dictamen de la cuenta pública del municipio de Aguascalientes, correspondiente al segundo semestre de 2010.
A petición del perredista Gilberto Carlos Ornelas, se pretendía que dicho órgano especificara cuáles de las 88 observaciones vertidas, ameritaban una pesquisa judicial que a la postre el Pleno debería promover ante el Ministerio Público (MP).
En sesión ordinaria, con 19 votos a favor y seis en contra, la LXI Legislatura del Estado dio por aprobada la revisión de un documento que exhibe montos de 10 millones 236 mil 275.79 pesos para resarcimiento, y más de 2.5 millones para reintegro, a causa de malos manejos del erario durante la administración del priísta Adrián Ventura Dávila.
Figuran temas como la emisión de facturas apócrifas en los talleres del Ayuntamiento, viajes injustificados, fugas en la nómina (aviadores), préstamos para vivienda que jamás fueron recuperados, e incluso erogaciones para compra de becerros y creación de un museo taurino que no pudieron ser comprobadas.
Asimismo se aprobaron las cuentas de Jesús María y San Francisco de los Romo.
El papel protagónico que cobrará la contraloría de cada municipio en lo relativo al castigo y seguimiento de las observaciones emitidas, mismas que se extienden a los 11 cabildos de la entidad, generó desconfianza en las bancadas del PAN, PRD y PT, pues se teme que por compromisos de origen político la ley sea franqueada.
En tribuna, los legisladores Carlos y Guevara coincidieron al señalar que la Comisión de Vigilancia no satisfacía las demandas de la representación popular, al limitarse a decir a las contralorías: “revísalo, deslinda responsabilidades y haz lo que convenga”.
Alfredo Reyes Velázquez, coordinador del blanquiazul, se sumó a la idea de que el Legislativo debería presionar para conseguir que los múltiples resarcimientos monetarios se concreten.
“Ya basta de que Congreso del Estado siga siendo tapadera de irregularidades”.
Según notas de prensa, agregó, el Consejo Coordinador Empresarial considera a la diputación como una “tapadera de delincuentes”, lo cual debe cambiar al “ponerle dientes al Órgano Superior de Fiscalización (OSF)… para que podamos ser un ente sancionador”.
Del mismo modo, el panista criticó que Arturo Solano López, titular del OSF, “no dé la cara (a la Legislatura) desde hace meses”, pues la de ayer fue la tercera sesión en que se discutieron cuentas públicas y el funcionario no estuvo presente.
Echar mano del MP, dijo, es “lo que por responsabilidad debemos hacer”. José Ríos Alba y Arturo Robles Aguilar, ambos de extracción tricolor, ofrecieron la réplica.
Este último, presidente de la Comisión de Vigilancia, rechazó que se trabajara en pos de la opacidad, dada la generación de 51 cajas con expedientes de antiguos movimientos financieros en la capital.
Robles celebró que la aparición de las cuentas se haya aplazado hasta después de las elecciones federales del 1 de julio, pues la búsqueda de show político siempre está latente.
Ríos, por su parte, discrepó con Gilberto Carlos, quien momentos antes había aseverado que “la Comisión ha estado haciendo dictámenes con machote”, pues en ninguno de los 11 expuestos distinguía acciones contundentes.
En este sentido, el vocal de tal cuerpo fiscalizador consideró que “se menosprecia el resultado y el esfuerzo”, del mismo. Declaró también que la Comisión no puede actuar por ocurrencias, pues la ley indica de manera clara que las contralorías deberán actuar sobre los dictámenes publicados por el Poder Legislativo.
La Comisión de Vigilancia cumplió a cabalidad con sus obligaciones, apuntó.
En su momento, algunos de los contrarios mencionaron que la inconformidad no se centraba en el trabajo de los fiscalizadores, al cual tildaron como completo, sino en la negativa a explotar al máximo la capacidad de fiscalización de que goza la legislatura.
Dentro de otras cosas, el dictamen de Jesús María revela adeudos ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes por un monto de 10 millones 185 mil 936 pesos, además de pasivos por 433 mil 310 pesos en el renglón de acreedores.
A San Francisco de los Romo le achacan 12 mil 696 deudores en propiedad raíz, lo cual representa una cartera vencida de 3 millones 442 mil 546 pesos.
Otra observación no solventada por este municipio refiere que Sergio Apolinar López, ex director de Seguridad Pública recibió por concepto de “instrucción, capacitación y adiestramiento”, pagos por 114 mil pesos “sin encontrarse justificación alguna”, ya que a raíz de la instauración del Mando Único policial, era empleado de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
