- Frente a Reforma Penal, especialistas llaman a aislar fiscalías y vigilar el rol de los medios
Dentro de un foro para compartir la experiencia colombiana, pues México intenta migrar a un nuevo sistema de justicia Penal (juicios orales), Carlos Torres Poveda, fiscal jefe del Tribunal Superior de Bogotá, manifestó que “cuando menos, en comienzo se ha considerado que no es conveniente, que no es prudente, y que puede ser ineficaz que la Fiscalía [General de la Nación] esté vinculada y tenga una estrecha relación con el Poder Ejecutivo”, dada la presencia de grupos delictivos de hondo calado, de corrupción administrativa, y de “grupos armados al margen de la ley”.
Por estos motivos, consideró que a largo plazo, el símil de la Procuraduría General de la República seguirá “vinculada a la rama judicial, pero como organismo autónomo, independiente del sector de los jueces, con autonomía no solamente administrativa y funcional, sino también presupuestal”.
Los fiscales colombianos, añadió, desde hace años orquestan la investigación y la acusación de conductas delictivas.
“Su labor ya se concentra en actividades de planeación, de orientación y de asesoría de la Policía Judicial. Ya no es el fiscal el que recibe las pruebas en su despacho al que va a buscarlas personalmente a la escena del delito, o a otro lugar donde considere que puede haber evidencias”.
Sobre el sistema penal de tendencia acusatoria, Torres anotó que “no se puede decir que es el mejor ni que es infalible”, pues hay jueces reticentes a mudarse a un esquema de trabajo que les exige tomar decisiones ya no en cuestión de días, sino de horas, además de que los argumentos deben ser vertidos a manera de discurso y con público presente.
“Esto en un principio implica un rechazo”, pero no se trata de preservar la comodidad de los funcionarios.
Frente a diputados locales y audiencia hidrocálida, no pudo dejar de subrayar la importancia de que los defensores públicos adquieren en un entorno como el referido, por medio de los jueces de Control de Garantías.
A esta altura señaló el derecho constitucional al que alude el Principio de Oportunidad: ofrecer al acusado de determinado ilícito una puerta para que subsane el daño al actuar, por ejemplo, como testigo o informante a favor de las autoridades.
Dado que la prensa, a través de su contenido, juzga a todos los implicados en una causa judicial en Colombia, lo cual produce tal presión social que algunos fiscales prefieren no emitir fallo sino ceder el caso a una segunda instancia, Mónica Suárez Moscoso, coordinadora de las Oficinas de Apoyo de la Defensoría Pública en aquel país, refirió que el proceso de implementación del nuevo sistema de Justicia Penal en México debe ser detallado a profundidad, pues “el gran problema que tenemos hoy en día es que estamos litigando ante medios de comunicación”.
A raíz de lo que suelen manejar los medios, dijo, “no es entendible bajo ningún concepto” que se difunda un ambiente de impunidad sólo porque una persona no es sentenciada a prisión.
“Cárcel no es igual a justicia… resulta que ahora los medios de comunicación son los que juzgan, y ahora si un juez toma una decisión, [ésta] les llega y generan inmediatamente un ambiente de corrupción cuando no es así… eso sí afecta al sistema… no se puede permitir la entrada de los medios para que empiecen a tomar decisiones propias sobre casos concretos”.
Asimismo opinó que está en manos de estas empresas ofrecer la cara real de la impartición de justicia, e hizo un llamado a los legisladores de Aguascalientes, los cuales ya trabajan sobre la reforma en comento.
“Si van a hacer algo háganlo bien”.
La dependencia que coordina, anotó, cuenta con 2 mil 800 defensores públicos distribuidos por todo Colombia, los cuales trabajan de forma autónoma al Estado para privilegiar la verdad en los dictámenes de un fiscal.
Más adelante la propia Suárez expuso que el 85 por ciento de las intervenciones de estos defensores son motivadas por la esfera penal, y que el crecimiento de la unidad se dio porque la gente parece confiar en ella, ya que se aboca a la guardia de los ciudadanos de escasos recursos.
