- El fuero no significa la impunidad absoluta y total: Javier Aguilera
El fuero no impide que quien cometa un delito pueda ser privado de él: porque no significa impunidad; los casos de Jesús Soto y Ventura Vilchis son penales, no políticos ni electorales. Así lo afirmó Javier Aguilera García, jefe de Gabinete del Gobierno del Estado, al comentar los amparos de Martín Orozco Sandoval, senador electo del Partido Acción Nacional (PAN), a unas horas de acceder al Fuero Constitucional, y de Armando Jiménez San Vicente; y responder al senador también blanquiazul, Rubén Camarillo, quien afirma que las detenciones de Soto y Vilchis tienen connotaciones electorales.
“Debo advertir algo: el hecho de que por una situación muy especial alguna persona goce del llamado ‘fuero’, eso no impide que quien cometa un delito pueda ser privado del fuero para ser sancionado. El fuero no significa la impunidad absoluta y total”, puntualizó el funcionario.
Entrevistado por cuatro medios, entre ellos La Jornada Aguascalientes, Aguilera García les preguntó: “¿ustedes necesitan ampararse para hacer su trabajo? Yo creo que las personas que tienen, como dice la conseja popular, la conciencia tranquila, no tienen por qué solicitar el amparo”.
Explicó que el amparo es una garantía, un medio de defensa de los particulares cuando sienten que sus derechos individuales o colectivos pueden ser lesionados. “Yo me ampararía si viera que he cometido alguna falta y las autoridades me requieren; pero si no he cometido ninguna falta y las autoridades no me requieren, ¿para qué solicito un amparo? Me parece que es innecesario”.
Sin embargo, el funcionario respetó el derecho de los ciudadanos al amparo, y dijo que serán importantes los informes que rindan las autoridades acerca de las órdenes de aprehensión giradas.
Y al hablar sobre el fuero, Aguilera García comentó que se ha desvirtuado porque en sus orígenes se refería a proteger la libertad de expresión de los legisladores, “que tienen toda la facultad para expresarse con toda la libertad del mundo”.
Añadió: “para no ver coartada su libertad de expresión, parlamentaria; y sobre todo para evitar que los otros poderes, caso concreto los ejecutivos, los judiciales, les pudieran impedir el derecho a este ejercicio”.
Es decir, ejemplificó: “tú no me puedes privar de mi libertad porque yo me expresé en la tribuna del Congreso en tal o cual sentido”. Eso se hizo con esa finalidad, pero no significa que la finalidad sea el que “yo pueda cometer delitos con toda impunidad, eso no; eso es falso”, resaltó.
Comentó también acerca de una iniciativa atorada en el Congreso, en la que se propone eliminar el fuero de ciertos funcionarios que no lo requieren, pero hay otros que sí, como los propios diputados, por el ejercicio de su función.
“Está la figura obviamente, del señor gobernador. Sé que se eliminó, por ejemplo, a los miembros de la Judicatura local, los consejeros electorales. Se trata de ir eliminando el fuero y posiblemente, no lo dudemos, más adelante la legislación federal contemple la limitación del fuero; a lo mejor, no la eliminación, pero sí la limitación”, dijo.
Consideró el jefe de Gabinete que “en este país debemos tener la libertad más absoluta para expresarnos, para escribir, y de decir lo que pensamos, con el respeto que le debemos tener a la sociedad”.
Comentó igual, acerca de la iniciativa en comisiones, que propone dotar al jefe de Gabinete de fuero: “por una razón, porque en ocasiones el señor gobernador se ausenta del territorio estatal. Asumo la responsabilidad de suplirlo en ciertas cosas y obviamente, por la función desarrollada, se otorga el privilegio Constitucional, pero no por otra razón. Yo en lo personal, no requiero fuero”.
Está en comisiones, “desconozco por qué razón no se ha dado el trámite; a lo mejor algún diputado, algún grupo parlamentario. Supe que algunos habían dicho que se eliminara totalmente; desconozco el porqué, pero sí sé de la limitación y creo que es viable”.
Acerca de las declaraciones de Rubén Camarillo, quien señaló que los casos Calvillo y Vilchis Huerta tienen connotaciones electorales con miras hacia el 2013, el jefe del Gabinete estatal indicó que no lo creía así. En el caso de de Calvillo no ve la connotación electoral a “que se haya privado de la libertad a una persona por una orden de un juez, en virtud de que cometió un delito patrimonial en perjuicio del patrimonio del municipio de Calvillo. ¿De qué dispuso este señor? De los bienes que la ciudadanía de Calvillo y del estado le proporcionaron a la autoridad para que desarrolle su función, y si hay un desvío de esto: ¿es delito o es político? Es un delito.
Mientras que en el caso de quien se desempeñara como secretario de Salud durante el gobierno de Luis Armando Reynoso, subrayó el funcionario que se “tiene que informar, decir o poner del conocimiento de la ciudadanía qué le hizo a un aparato [tomógrafo] que dicen que compró y que costó 13 millones 800 mil pesos”.
Enfatizó que eso no tiene nada que ver con que si el militó en un partido o en otro, o no tanga partido. “Es sencillamente una disposición indebida de recursos del estado, de lo que ustedes y yo pagamos como impuestos; y dispuso con la mayor libertad del mundo, sin dar cuenta de ello”.
Agregó que se trata de una cuestión de tipo penal en donde un juez, que es la autoridad competente, va a resolver si el señor es culpable o no; tiene todo el derecho de defenderse, pero él tendrá que demostrar su inocencia.
Por lo pronto, no ha justificado qué hizo con fondos públicos, de lo cual tiene que responder porque es un delito. No tiene nada que ver con que sea miembro de un partido, o sea del Opus Dei o pertenezca a alguna secta; “eso no tiene importancia, el problema es que su conducta se adecuó a lo que señala el Código Penal como delito, tan sencillo como eso”, concluyó Javier Aguilera García, jefe de Gabinete.
