- El PRI y el Gobierno estatal están declarando el inicio del proceso electoral 2013
- La detención es por adeudo al ISSSSPEA; los demás municipios están en la misma situación
El Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso local, así como el senador electo Fernando Herrera, y Jorge López Martín, dirigente estatal del partido, manifestaron su repudio al “uso electoral” que el PRI y el Gobierno del Estado pretenden dar al caso del ex alcalde de Calvillo, Jesús Soto López, quien fue detenido por presunto desvío de recursos y por no pagar la deuda del Municipio con el ISSSSPEA.

Al respecto, Fernando Herrera, próximo a ocupar el cargo de senador, indicó que esta detención se dio “por dos expedientes sin sustento”, por lo que calificó que se trata de “un acto meramente político, con el cual el Gobierno del Estado declara inaugurado el proceso electoral 2013”, dado a que las autoridades están actuando con total parcialidad. Dijo que si bien el PAN está a favor del combate a la corrupción y de castigar a quienes se enriquezcan a través del ejercicio de funciones públicas, en el caso de la pasada administración de Calvillo no existen “los principios básicos del derecho, la justicia y la equidad en la actuación de la Procuraduría”.
“Es un claro acto de venganza, en función de su derrota electoral en Aguascalientes”, sostuvo el senador panista, en referencia al PRI y su Gobierno estatal. Además cuestionó el hecho de que los actos de corrupción de los alcaldes priístas, que han sido documentados, “duerman el sueño de los justos en los cajones de quienes deben de administrar y procurar justicia”.
Por su parte, el diputado local Arturo González, detalló que la detención del ex alcalde panista, Jesús Soto, se debió, por una parte, al saldo pendiente que dejó su administración con el ISSSSPEA, que fue de 8 millones 415 mil pesos, por lo que se consideró que hubo desvío de recursos, dado que las cuotas no se entregaron y se fueron a otros servicios del propio Ayuntamiento, aseveró. Sin embargo, aclaró que no hubo robo de este dinero.
Asimismo, mencionó que, al corte del 31 de diciembre de 2010, todos los ayuntamientos, salvo el del municipio capital, se encuentran en la misma situación de adeudo con el ISSSSPEA, donde incluso algunos tienen cantidades mayores a las de Calvillo, como el caso de Jesús María, con 10 millones 185 mil pesos. “Todos tenían un convenio firmado ya con actual titular de la dependencia [ISSSSPEA], Pablo Brun”, añadió el legislador, explicando que este convenio era justamente para pagar en parcialidades las respectivas deudas.
“¿Se va a actuar de forma pareja?, ¿los otros nueve alcaldes también van a ser procesados?, ¿hay realmente delito en no contar con el recurso en las debilitadas haciendas municipales?”, cuestionó González. Mientras que su compañero de bancada, el diputado José Luis Novales, cuestionó también si este acto es el inicio del “cumplimiento de la ley a rajatabla”, por lo que de ser así, en las próximas semanas se tendrá al menos a “10 ex alcaldes en prisión, y enjuiciados a más de un ex gobernador”.
Novales dijo que de aplicarse el mismo criterio que con Jesús Soto, luego de autorizarse el préstamo de mil 50 millones de pesos al Gobierno estatal, “la siguiente administración va a meter a la cárcel al gobernador Carlos Lozano de la Torre, porque (…) el siguiente gobernador va a decirle a los bancos, a los que les debe Aguascalientes: ‘oye, pues es bronca del anterior, no es bronca mía’, porque parece que ése es el criterio que se está usando hoy por los alcaldes”.
A su vez, aclaró que el propio contralor del estado ha determinado que “no existe desplazamiento patrimonial” de dicho recurso que no se pagó al ISSSSPEA, por lo que no fue sacado de la esfera patrimonial del Ayuntamiento para favorecer al mismo Jesús Soto o a alguna persona cercana.
En cuanto a la fianza, se indicó que ésta asciende a los 13 millones de pesos, por lo que el PAN analiza qué procederá. “se tendría que resolver un juicio de amparo sin fianza y que el amparo le conceda libertad. El hecho de no conseguir la vaquita, no es una causa para que el juicio de amparo no se proceda y que en algunas semanas se logre libertad”.
Por último, el diputado Alfredo Reyes Velázquez, dijo que solicitarán una cita con el propio gobernador para plantearle sus quejas. “Estamos seguros que no le están dando la verdad completa al gobernador sus funcionarios. Él mismo ya lo dijo, que hará una reunión de Gabinete porque hay funcionarios que le están fallando, unos por pensar ya en 2013”.




