He seguido con sumo interés el asunto de la famosa ACTA y su firma de México, por todas las implicaciones que para los efectos del cine tiene. Y es que seguramente uno de los productos que más piratería sufren en Internet es precisamente el llamado séptimo arte; no es raro pues que este documento lo impulse principalmente los Estados Unidos de América, uno de los mayores productores de filmes.
Hasta hace un par de meses bastaba con ingresar a cualquier buscador y teclear el nombre de la película o producto digital que quisiéramos descargar, y al instante aparecían cientos de páginas de dónde obtener el producto ¡gratuitamente! Seguramente ilegal, pero lo cierto es que una persona común y corriente podría no saber si lo que descarga cuenta con la autorización del titular de los derechos de autor. A partir de la detención del fundador de Megaupload (tal vez el más grande sitio donde se albergaba contenido digital) el resto de los servidores de su estilo fueron desapareciendo, cerrando uno a uno, ya sea por el temor o por acciones de igual naturaleza por las autoridades estadounidenses, especialmente el FBI. Hoy en día uno vuelve a los buscadores y es complejo encontrar cualquier producto, la otrora facilidad de simplemente escribir el nombre seguido de la palabra “descargar” ha mutado; sólo nos queda el consuelo del Youtube y las películas y música que puede uno ahí disfrutar -quiero pensar- de manera legal. Sin embargo, en la práctica lo que antes era, digámoslo así, democrático, hoy se torna oligárquico, pues la transferencia de datos en Internet continuará, pero sólo entre aquellos grupos técnicos que pueden burlar los controles comunes y corrientes, los medianamente especializados en temas de Internet.
Independientemente de la firma del ACTA que hizo el ejecutivo de este país, y que el Senado rechazó, el asunto creo que debería estar más enfocado hacía el análisis de la piratería, de sus causas e implicaciones sociales, algo que pueda dar soluciones de mayor calado. En primer lugar es necesario decir que la eliminación de la transferencia en Internet, lo único que provocará es un aumento de la piratería en el mercado informal, lo que en principio es más peligroso para cualquier país, está controlado en su mayoría por mafias, y genera otros problemas: cobro de cuotas y extorsión a los comerciantes, los recursos a su alrededor pueden provenir o estar dirigidos a otros objetos ilícitos (tráfico de personas, narcotráfico, etcétera).
Como lo he planteado en otras columnas, el asunto medular no es como pretenden platearlo los promotores de este tipo de documentos, que exista un robo de la propiedad intelectual que deba ser evitado, es de nueva cuenta poner por encima del bienestar colectivo, la propiedad; hay un principio máximo que rige tanto los derechos de autor como la llamada propiedad industrial: su libre tráfico. Tarde o temprano (aunque el espíritu de la ley debería ser más temprano que tarde) las creaciones del hombre deben abrirse y beneficiar a toda la humanidad. Es cierto, deben también reportar beneficios a sus creadores, pero en la justa medida que permita una adecuada retribución a su titular y un equitativo y posible acceso de cualquier ciudadano. Basta ponderar el alto costo que cualquier mexicano experimentaría para acudir al cine (que esta columna considera es un derecho humano) contrastarlo con las altas ganancias de la industria cinematográfica norteamericana, para saber que no hay una proporción justa. Por otro lado, una vez que pase el tiempo necesario para esta retribución, pierden la protección de la ley y pasan al dominio público, sin embargo la industria ha presionado para aumentar el número de años de protección.
Por otra parte, el acceso al cine como vehículo cultural: los usuarios estamos a merced de los grandes monopolios que nos obligan a ver lo que ellos quieren, incluso en los videoclubs o la venta comercial la oferta de cintas diferentes al cine hollywoodense es limitada y en los casos que hay disponibilidad los precios no son los mejores, esto obliga a los cinéfilos a ser cazadores de botaderos, descuentos y promociones del 2×1 o similares (antier adquirí en La comer por sólo $19 la violenta, excelente y casi desconocida Los bastardos). Pero de igual forma a veces los obliga a recurrir al mercado informal; para elaborar esta columna hice una incursión experimental (sin fines de compra, pues como ya ha nacido mi hijo, no vayan a decirle aquello de que “tiene un papá pirata”) en alguno de tantos lugares donde se comercializa piratería en Aguascalientes, y me parece sumamente interesante la forma en cómo se filtra entre tanto blockbuster, algo heterodoxo como podría ser Los niños de la esperanza (Roselyne Bosch, 2010) Hemingway & Gellhorn (Philip Kauman, 2012) o la ya reseñada en esta columna Habemus Papam (Nanni Moretti, 2011) ¡vamos! hasta un puesto especializado en cine mexicano encontré.
Las anteriores son sólo tres aristas del enorme y complejo problema de la piratería. El punto es que mientras no se busquen a la par de los mecanismos para contener el tráfico ilegal de propiedad intelectual, formas de hacerla más asequible a la población, no se encontrará una solución de fondo.
