Al observar la evolución de nuestro sistema electoral y el órgano responsable de convocar a los ciudadanos que participan en las mesas de casillas, para recibir la votación de las elecciones, nos damos cuenta de que, efectivamente, lo que llamábamos fraude electoral, se pudo, por fin, erradicar; salvo muy contadas excepciones que puedan suceder en algún estado de la república, los ciudadanos que participan en las casillas de votación reciben y cuentan los votos, y nos dan los resultados, prácticamente, definitivos.
No obstante, el concepto de fraude electoral parece que todavía no ha desaparecido en todas sus acepciones; en las elecciones de los últimos años, y, particularmente, en la reciente elección presidencial –cuyo resultado final todavía no lo conocemos, aunque lo prevemos-, está apareciendo una figura más de fraude electoral. Esta nueva figura ya no consiste, lo reitero para dejarlo ya de lado, en que los resultados del conteo de votos sean alterados y las cifras que se den a conocer públicamente, favorezcan a algún candidato distinto al ganador.
Es decir, no tenemos duda de que el candidato presidencial Enrique Peña Nieto fue el que recibió la cantidad mayor de votos, motivo por el cual –dentro del marco de ley vigente, que no toma en cuenta el rebase de tope de campaña como causal para invalidar la elección-, el Tribunal Electoral, con probabilidad, lo confirmará como el próximo presidente de la república. Aquí consideramos otra acepción de fraude electoral –ya conocida- definida como coacción y compra de voto, que en la realidad jurídica de la elección, parece no poderse comprobar y sancionar.
¿Cuál es, entonces, la nueva acepción de fraude electoral que se ha ido configurando en algunas elecciones de los últimos años? La respuesta sencilla es que un candidato –en este caso Peña- haga propuestas a la nación que en los hechos de su actual realidad y la de su partido, apreciamos que no tienen sustentación.
En otras palabras, son propuestas que, al observar las propias actuaciones de Peña y de sus líderes partidistas –además de los casos de gobernadores ampliamente conocidos-, no corresponden ni reflejan la realidad que viven. Son propuestas que, hasta cierto punto, engañan sobre lo que verdaderamente son.
Para exponer una breve muestra, tomemos las tres grandes propuestas que Peña y su partido han venido promoviendo desde la campaña, y ahora, en las reuniones con gobernadores, y legisladores y presidentes municipales electos de su partido: la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, la dotación de mayores facultades al IFAI para ampliar la transparencia de todos los órdenes de gobierno y de los tres Poderes de la Unión, y la creación de una instancia ciudadana para que supervise la contratación de publicidad entre los gobiernos y los medios de comunicación.
No hace falta detenerse mucho en ellas, para darnos cuenta de que son tres de los varios puntos que están siendo fuertemente reclamados, desde hace ya tiempo, a los priistas; desde los tiempos del presidente Miguel De La Madrid vienen trabajando para erradicar la corrupción, y continuamos, todavía, conociendo los casos como los de Tomás Yarrington.
Por lo que respecta a la ampliación de la transparencia, particularmente para la rendición de cuentas, está siendo altamente complejo conocer los esquemas paralelos de gastos de la campaña presidencial del PRI que apuntan, sólo por señalar lo elemental, al rebase de los topes de campaña, ya no a los orígenes de los recursos.
En relación a la propuesta de que los ciudadanos, en una comisión, puedan supervisar el gasto de los gobernantes en medios de comunicación, simplemente los datos investigados y mostrados, por ejemplo, por el periodista Jenaro Villamil en relación a los gastos como gobernador del Estado de México en medios de comunicación, han tenido como respuesta de parte de Peña y su equipo, que no son ciertos y que son inventados; o han tenido la respuesta, como sucedió en el debate de candidatos, de que si la televisión hiciera presidentes, Andrés Manuel López Obrador sería presidente.
Otro ejemplo en el manejo de la información de los priistas lo encontramos en Aguascalientes: el pasado 8 de agosto Peña se reunió con los gobernadores priistas, y su Comunicado EPN-164 lo tituló “Respaldan los gobernadores priistas el ejercicio de una presidencia democrática. Se reúne… con gobernadores. Se pronuncia por trabajar en estrecha colaboración con todos los mandatarios estatales del país” (Sitio del PRI en la red).
El Boletín Informativo No. 1140 del Gobierno del Estado de Aguascalientes dice: “Respaldo total de Enrique Peña Nieto para Aguascalientes. Se reunió el Jefe del Ejecutivo estatal con el virtual Presidente de la República para integrar a la entidad en la agenda del nuevo gobierno” (Sitio del Gobierno del Estado en la red). (Todavía El Heraldo, en la foto respectiva del 9 de agosto, le hace el favor al gobernador al sentarlo en la mesa al lado de Peña, mientras otros medios locales y nacionales muestran la imagen auténtica).
La inquietud que surge en los ciudadanos es, si las propuestas de campaña de Peña fueron más bien una respuesta a las denuncias que fue recibiendo –para defenderse de ellas-, ¿son sólo fachadas para cubrir realidades? O si, de verdad, trabajará para limpiar la corrupción en los gobiernos, para transparentar la información, y para que los ciudadanos conozcamos los contratos de los gobernantes con los medios de comunicación, locales y nacionales.
Es importante, por lo tanto, que observemos los pasos del candidato ganador; por lo pronto, la realidad que han vivido recientemente, no sustenta ni valida la autenticidad (si es posible hablar de ella) de las propuestas. En el léxico popular encontramos un dicho que dice “dime de qué presumes, y te diré de qué careces”, circunstancia por la que los ciudadanos, ciertamente, podemos conceder el beneficio de la duda, no obstante que podamos ser ilusos, y estemos ante una nueva acepción de fraude electoral.
