Se celebró el coloquio llamado La reinstalación de los policías como derecho fundamental, en el foro Constitucional Jesús Terán. Este evento tiene como objetivo mostrar la aplicación de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, para la resolución de los conflictos jurisdiccionales relativos a la prohibición de reincorporación en el servicio de los elementos policiacos.
La oportunidad de exponer este tema correspondió a Alfonso Román Quiroz, quien es magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial en el estado de Aguascalientes; señaló que la reinstalación de policías o elementos de seguridad es un tema que se ha debatido a nivel nacional, pero asegura que en derecho debe existir un régimen especial para la atención de los conflictos laborales que éstos experimenten, con el cual se les aparte de los juicios con que se diriman los conflictos de los trabajadores comunes, ya que quienes cumplen labores policiacas o de seguridad pública cuentan con la protección del Artículo 123 constitucional, Apartado B, Fracción XIII.
En el caso de los policías, existen disposiciones legales, como lo es la establecida en la Ley de Seguridad Pública perteneciente a la instancia del mismo nombre, en la que se prohibía de forma clara que un policía pudiera reincorporarse a sus labores, a pesar de que hubieran demandado el motivo del despido del que fueron objeto y ganaran el juicio, ya que la ley les prohíbe expresamente la posibilidad de regresar, con el arbitrario argumento de que la población merece policías confiables.
Es por ello que esta disposición que se encuentra establecida en la Ley de Seguridad Pública ha sido muy cuestionada por parte de los juristas de nuestra entidad, ya que consideran que es discriminatoria y que atenta contra el principio de igualdad, ya que si son empleados deben contar con el mismo derecho a ser reinstalados en sus corporaciones, como ocurre con el resto de los trabajadores.
Por último, se indicó que es obvio que exista un conflicto de intereses; por una parte, el estado se mantendrá bajo la premisa de que debe contar con elementos de seguridad pública confiables, al igual que la sociedad planteará que requiere de elementos que le brinden confianza y seguridad; pero se debe tomar en cuenta que también existen los intereses particulares de los elementos, quienes requerirán su reinstalación a la corporaciones en caso de que el juicio en el que se hayan visto involucrados les sea favorable.
