- Mil 874 solicitudes de información han sido resueltas en lo que va de este año
- Especialización de la delincuencia organizada es motivo para mantener la secrecía de los datos
Del domingo 1 de enero de 2012 y hasta el día de ayer, Gobierno del Estado reportaba haber concluido mil 874 solicitudes de información. Estarían en proceso 111 y sólo una en retraso.
Su sitio en Internet manifiesta que “se pronuncia a favor de la evaluación, en el ánimo de que su aplicación nos ayude a mejorar el contenido de la información a disposición de la ciudadanía y sus resultados reconozcan el esfuerzo realizado por los servidores públicos altamente comprometidos con la importancia que implica para los ciudadanos el conocimiento de la gestión del gobierno y de los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos públicos reflejados en la práctica de la transparencia gubernamental”.
Los números muestran que el ente y sus distintas dependencias han dictaminado como positivas 813 solicitudes, 228 como positiva pública, y 127 como parcialmente positiva.
Dentro de los reveses al público se cuentan 59 negativa/reservada además de 16 negativa/confidencial.
El 9 de enero de 2012, ante solicitud ciudadana, la Secretaría de Finanzas (Sefi) se reservó lo relativo a “los estados de cuenta mensuales de las tarjetas de crédito que son destinadas al gobernador del estado (Carlos Lozano de la Torre) y al titular de la Secretaría de Finanzas y/o al encargado de despacho (Alejandro Díaz Lozano) y que son pagadas con recursos públicos”.
La dependencia respondió que no revelaría la información pues ésta podría poner en riesgo la vida de los susodichos.
Ofreció una serie de argumentos: “la inseguridad es un problema de carácter nacional y que el estado de Aguascalientes no se encuentra eximido del mismo. La delincuencia organizada cada vez se prepara y se especializa más para cometer delitos en contra de la ciudadanía”.
“Que la delincuencia organizada ha secuestrado y asesinado a diversas personas, entre éstas a funcionarios públicos en toda la República Mexicana, sin distingo alguno”.
“Que el hacer pública la documentación e información que demuestre el destino del viaje, el lugar del consumo de alimentos y de hospedaje del titular del poder Ejecutivo del estado y de los titulares de las dependencias de la administración pública, pone en riesgo la seguridad personal de los mismos, lo cual constituye una razón suficiente para reservar la documentación e información que proporcione esos datos, lo anterior por los motivos de hecho y de derecho que se exponen a continuación”.
“La documentación de estados de cuenta bancarios que reflejan el pago de los servicios por consumos de alimentos, de hospedaje y tickets de avión, es información que demuestra los movimientos de tiempo, hora y lugar donde se puede encontrar al gobernador del estado y a los secretarios de la administración pública, por lo que la divulgación de dicha información pone en riesgo la vida y seguridad personal de los funcionarios públicos mencionados”.
Por otro lado, el 7 de enero de 2012, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas consideró que la petición de “dar a conocer la declaración de situación patrimonial de Carlos Lozano de la Torre” era improcedente.
En la resolución se le informa al usuario Edgar M. Flores que “la información relativa a la declaración patrimonial de los servidores públicos es información confidencial, de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 19 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”.
Cinco días antes, la misma persona habría solicitado al Instituto de Transparencia del Estado “la declaración de situación patrimonial de la alcaldesa Lorena Martínez. Como el aguinaldo no lo quisieron dar a conocer, espero que sí la declaración patrimonial”.
La respuesta tampoco varió en esta ocasión.
El renglón de las negativas-confidenciales exhibe una buena cantidad de peticiones vertidas sobre la Secretaría de Seguridad Pública.
Una de estas requisiciones apuntaba a enterarse del “número de personas privadas de su libertad que cuentan con una sentencia firme. Número de personas privadas de su libertad que están en proceso penal, y número de personas privadas de su libertad en prisión preventiva”.
Quien solicitó saber cuántas personas habían sido detenidas bajo cargos de delitos contra la salud en Aguascalientes también debió quedarse sin réplica satisfactoria.
Asimismo, el 16 de enero se rechazó la solicitud de indicar el costo de los vehículos que utiliza el gobernador Lozano, la marca, el modelo, el proveedor y el desembolso que significó blindarlos.
