- Funcionarios actúan con la ley del garrote; olvidan heridas como la de 1968 y 1971
- CEDH debe actuar de facto y oficiosamente ante el regreso de las viejas prácticas represivas
Las amenazas del Gobierno municipal en contra de los jóvenes del movimiento #YoSoy132 que se encuentran establecidos en la plaza principal, son una muestra del gobierno de nuestro estado: actúan al viejo modo represor de los gobiernos del los años 60 o 70, aseguró Cuauhtémoc Escobedo Tejada, presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática. Los caracterizó como un gobierno en el que las manifestaciones distintas a su ideología, no están dentro de su esquema, el cual establecen totalitariamente a la sociedad. Al parecer, a las autoridades municipales no les parece el que los jóvenes salgan a las calles a manifestarse, a pesar de que sea un derecho establecido en la Constitución. Escobedo Tejada aseguró que ya no recuerdan los niveles de represión que se vivieron en el año 1968 y en 1971, y que dejaron una trágica huella en la historia de nuestro país, “la autoridades municipales siguen aplicando la función pública con la ley del garrote, y no están dispuestos a escuchar voces diferentes”. Encuentra como una fortuna, el que los jóvenes en el estado y en el resto del país no están dispuestos a dejar de manifestar sus inconformidades.
La pérdida de la concepción de lo que significan los bienes públicos por parte de las autoridades, es una muestra de la reducida que se encuentra su conciencia sobre estos conceptos, creyendo que estos bienes pertenecen al Estado, “falta aclararles que ni siquiera las oficinas de gobierno son propiedad de ellos…las plazas públicas son propiedad del pueblo”. Por ende no pueden disponer ni abusar de estos bienes, aunque sean los administradores de los recursos públicos.
En conclusión, el dirigente del PRD manifestó que el viejo sistema autoritario del PRI no se ha ido, sino al contrario, se encuentra más latente que nunca, de modo que lo que se espera es la represión, la amenaza y el chantaje, para callar las voces que se levantan y que son distintas a las de ellos. La intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos debe ser de facto: nos encontramos ante una situación que parecía haber desaparecido en el país, pero vemos que no es así.
