Los ciudadanos tienen derecho a saber. Sobre todo si ese saber es realizado con el dinero de sus impuestos. Y más, si ese trabajo es realizado al público, a la ciudadanía, la gente tiene derecho a saber no sólo los qués, los cómos, sino los quiénes y los cuándos y así sucesivamente.
El saber lo que un gobierno hace, responde en primer lugar a un tema de justicia. Luego a un tema de honestidad –por parte de los gobiernos– para posteriormente convertirse en un tema de democracia participativa.
La transparencia ha revelado a la corrupción. La corrupción ha revelado el nivel de honestidad de funcionarios públicos –no de todos– y aunque esto parezca una acusación, más bien es un paso. Que se sepan estos datos, casos, personajes, es un mal ejemplo quizás del estado de la vida política en el país. Pero da una señal. Sí, una mala señal, pero a final de cuentas esta señal nos da como en cualquier plano, un punto de partida. Si el asunto fuera de alcoholismo, entonces se podría decir que “hemos tocado fondo” y es necesario tomar medidas. Por ejemplo, en el informe de Transparencia Internacional del 1 de diciembre de 2011, nuestro país se sitúa en la última posición como miembro de la OCDE. Ocupamos el lugar 100 (en general de 183 países), y el último de 34 países que integran dicho organismo, todo con una puntuación de 3, comparado con Nueva Zelanda con una puntuación de 9.5 que se encuentra en primer lugar en cuestiones de combate a la corrupción. Por eso digo, el primer paso se está dando: la transparencia y la rendición de cuentas.
Pero los otros dos pasos, a pesar de lo que muchos especialistas creen, tienen más que ver con procesos preventivos que con aplicaciones jurídicas y normativas. Ciertamente el sistema jurídico debe prever las prerrogativas de la ciudadanía frente al tema de la corrupción. Es más, incluso hay quien piensa que el estado que permite la corrupción, no está defendiendo a sus ciudadanos –como un derecho de prestación, en materia de derechos humanos– sin embargo, estaríamos cayendo en el ciclo paternalista del estado protector. La premisa debería ser que la sociedad que más está protegida de la corrupción de sus gobernantes, es aquélla que más tiende a involucrarse en la cosa pública. Y a ello voy, pues no parece ser un tema de derechos humanos o de estados que protegen ciudadanos –como si la corrupción fuera una lepra– sino tiende más a procesos educativos no iniciados. Por eso afirmo que el primer paso está dado: un último lugar en combate a la corrupción, no es un buen lugar, pero es un punto de partida. Quienes piensan que la corrupción total se va a eliminar solamente con leyes “gendarme”, se equivocan, ciertamente lo que es evidente y las prácticas nocivas encontradas en el presente, hay que evitarlas y sancionarlas, pero no es suficiente. Entonces corrijo, no es que se equivoquen, es que nos está faltando “cerrar la pinza”, como dijera mi mentor futbolístico q.e.p.d don Ignacio Guzmán, cuando me pedía que llegara a rematar de cabeza en aquellos partidos en la colonia del trabajo. La pinza se cierra con la parte preventiva, y ése es un proceso educativo. En palabras de Vigotsky, “la educación siempre va delante del desarrollo” y si la transparencia “es un proceso que lo que busca es abatir la corrupción, a favor de una cultura de integridad, promoción de la legalidad y rendición de cuentas” (Transparencia Internacional), ese proceso, esa meta, se va a lograr en la medida en que se vaya haciendo la cultura de la integridad, de la legalidad y la rendición de cuentas, un aprendizaje para el fomento del desarrollo humano y social. Mientras ello no exista, será muy complicado dar el siguiente paso, el de la democracia participativa entre otras razones por: 1) a los servidores públicos no les gusta que les pregunten, y menos los ciudadanos (ahí también hay un proceso de reeducación en el servicio público); 2) los ciudadanos en el actual estado no sabrían qué preguntar, pues ignoran los procesos gubernamentales a fondo (conocimiento del actuar público por parte de la ciudadanía, vgr. El modelo de constatación del actual ayuntamiento de Aguascalientes); 3) se convertiría todo en una cacería de brujas, más que en la intención de hacer el gobierno más eficiente en sus recursos y eficaz en sus objetivos. Resultan pues evidentes los pasos que hay que dar antes, incluso para poder hablar de otros fenómenos nocivos como la pobreza o el crimen, en cuanto a la cuestión del aprendizaje: ante el binomio de “chango viejo no aprende maroma nueva” –si es que no quieren entrar en razón– la sanción y el castigo, pero para las nuevas generaciones, el aprendizaje en cuanto a la transparencia, la honestidad y la rendición de cuentas y cultura de la legalidad, es el acto de justicia que a nosotros nos corresponde disponer a las nuevas generaciones, el no hacerlo, es sin duda, una falta de transparencia.
