El asunto de la legitimidad ha vuelto a la vida. A siete días de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente constitucional del país, se vuelven a agitar las aguas de una marea política que cuestiona la legitimidad de su mandato. Perversión y traspolación de un concepto que merece una reflexión serena y objetiva.
A partir de lo que se dio por llamar el error de julio, que puso en el aparador a la mayoría de las empresas encuestadoras de la elección federal 2012, representó no solamente una exigencia de supervivencia en la credibilidad pública para ellas, sino un imperativo de revisión y ajuste metodológico de considerable rigor científico. La causa subyacente consistió en el margen estimado por ellas, entre el candidato ganador y el segundo en la contienda, que oscilaba alrededor de 10 puntos porcentuales; diferencia que se achicó a sólo 6 puntos en los resultados electorales oficiales. Lo que se quiso leer como confabulación estadística.
Y la razón esgrimida se fundó en que el margen de error entre su lectura predictiva y los hechos sí resultó notable. Profundicemos, si el rango de error, admitido como factor inherente a la propia metodología, se ubica en rango de 1.5 a 3 puntos porcentuales, es entendible que duplicar estos dígitos o peor aún triplicarlos, sí es motivo de alarma sobre la precisión del diseño de la muestra de base elegida y/o sobre la construcción de preguntas pertinentes que captan la percepción de los electores en potencia, encuestados.
Aunado a este desfase estadígrafo, se refiere la constante arremetida de AMLO con su credo confesado de la “imposición” supuesta de EPN, convertido en dogma militante para los seguidores del movimiento: YoSoy132, con lo que se generó en la percepción pública un cocktail de efectos inciertos; y ciertamente influyente en el sesgo final con que se trata de interpretar los resultados electorales.
Al respecto, el Instituto Federal Electoral (IFE) al concluir los cómputos distritales, confirmó el triunfo de Enrique Peña Nieto, candidato presidencial de la coalición Compromiso por México, y que el PRI será la primera fuerza en la Cámara de Diputados y en el Senado durante la LXII Legislatura. Sin embargo, el PRI no logró la mayoría simple (es decir, la mitad más uno de los integrantes en ambas cámaras) y, por ende, se verá obligado a construir mayorías legislativas con otros partidos, con el fin de aprobar las reformas pendientes.
Los datos finales. El candidato presidencial de la coalición Compromiso por México obtuvo el 38.21% de votos en la elección del 1 de julio, lo que equivale a 19 millones 226 mil 784 sufragios. Por el Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador registró el segundo lugar, con 31.59%, es decir 15 millones 896 mil votos. Y Josefina Vázquez Mota, del PAN, obtuvo 25.41% (12 millones 786 mil 647), y en cuarto sitio se ubicó el abanderado de Nueva Alianza, Gabriel Quadri, con 2.29 por ciento.
En total votaron 50 millones 323 mil 153 mexicanos, el 63.34% del padrón electoral, implicando que se llevó un recuento total en 16 consejos distritales, en nueve entidades federativas, equivalentes a 54.8% de las casillas. Las variaciones registradas midieron centésimas de punto. López Obrador redujo en 0.05 % y Peña Nieto aumentó casi en la misma proporción 0.06 por ciento. Los otros dos abanderados no modificaron sus porcentajes de votos con relación a los datos que emitió el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
El total de paquetes electorales abiertos para las tres elecciones: diputados, senadores y Presidente, fue de 242 mil, 56.45% del total de los paquetes generados del proceso electoral 2012 y el recuento casilla por casilla y voto por voto, de 139 millones 169 mil 665 boletas. Ante las inconformidades e impugnaciones, principalmente de la coalición de las izquierdas, se llevó al TRIFE el dictamen resolutivo de los resultados electorales. Instancia última que hizo lo propio para dar certeza definitoria a los resultados producidos
La declaración del TRIFE se emitió al 31 de agosto de 2012, instancia que convalida el trabajo de reconteo que produjo el Instituto Federal Electoral (IFE) al concluir los cómputos distritales, que finalmente confirman el triunfo de Enrique Peña Nieto, candidato presidencial de la coalición Compromiso por México. Concluido lo cual, en sesión pública la Sala Superior del TEPJF aprobó por unanimidad la resolución jurisdiccional de Cómputo Final, Calificación de la Elección y declaración de Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos, bajo el argumento de que los comicios del 1 de julio pasado fueron libres, auténticos y equitativos en términos de la Constitución y conforme a derecho. Marco Antonio Zavala, secretario general de acuerdos del TEPJF, dio lectura al proyecto aprobado por unanimidad.
Lo que nos permite concluir que de acuerdo a la norma positiva constitucional de Estado que nos rige valida la legitimidad jurídica del presidente electo EPN. Desde la sociedad mexicana, los montos y porcentajes de la votación emitida constituyen mayoría clara y suficiente para producir una elección democrática válida, incluso contrastada versus sistemas férreamente legitimados de otros países, como ha ocurrido recientemente con la reelección del presidente Obama de los Estado Unidos de Norteamérica. Que no pasó más que por la criba simple, directa y de una sola vez de sus respectivos distritos electorales.
La perversión del concepto de “legitimidad”, a la que aludo, obedece a un recurso retórico-político interesado de quienes la impugnan, y que proviene del ámbito estrictamente partidista de una oposición, cuyo trasfondo es atribuir a esos 15 millones de votos emitidos a favor de su candidato, el meta-valor de ser literalmente un capital de reserva que sustrae, ideológicamente, de la “masa monetaria” del resto electoral, con el fin de negociar un estado de excepción y de prebendas políticas que le permitan, negociar o regatear –según sea el caso- su parcela de poder. Es cierto que los límites de legitimidad de un gobierno son claves, para inducir y proyectar un proyecto de nación, pero su inducción o sesgo sectario es ética y políticamente cuestionable.
Esto lo afirmo, porque significa literalmente cosificar, reificar dirán los puristas latinos, el lote parcial de “sus votos”, para convertirlos estrictamente en moneda de cambio para disentir, sin compromiso alguno con la democracia manifiesta del pueblo mexicano. Esta burda cosificación del voto es una perversión antiética del auténtico ejercicio democrático, en que el resto de los ciudadanos de México estamos concernidos, inmersos y comprometidos.
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