Ahora que termina 2012, me parece que uno de los temas más lastimados y que mayor urgencia requiere en su tratamiento es el estado de derecho. La mayor parte de los problemas del país se encuentran adminiculados a la forma en que la gente común entiende por qué sí o por qué no respetar las leyes. Y es que pareciera que una gran parte de las personas considera que se debe aplicar la ley de acuerdo a las condiciones específicas del acto, y no como lo marcan los cánones de la norma positiva: general, abstracta e impersonalmente. La Encuesta nacional de cultura constitucional: legalidad, legitimidad de las instituciones y rediseño del Estado, elaborada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el IFE en el 2011 da fe de ello, en uno de sus reactivos se pregunta al encuestado qué tanto respeta la ley, el promedio en una escala de uno a 10, es de 7.84, en cambio cuando se les pregunta qué tanto cree que se respeta la ley en México el promedio baja a 5.65, es decir la mayoría creemos cumplir con la norma, pero que los demás no lo hacen, el lugar común de culpar a los demás de los problemas y no asumir la propia responsabilidad; sobre quién se considera que viola más la ley, la mayoría opina que en primer lugar son los políticos, en segundo los policías y hasta el tercero la propia gente.
¿Qué debe hacer la autoridad en caso de que se viole la ley? Ésta es una pregunta clave para cualquier democracia. En principio parecería que existe un amplio consenso frente a la validez del derecho, el 52.9 por ciento cree que el pueblo debe obedecerlo. Sin embargo cuando se cambia el matiz de la pregunta y se va a consideraciones más específicas, la cosa es diferente: se pregunta qué hacer si un grupo de personas invade un terreno que no es de su propiedad y edifica en él sus casas, el 36.5 por ciento considera que se deben regularizar, 13.8 por ciento que se deben reubicar, un 10.8 por ciento es ambiguo y dice que depende de las condiciones propias, y sólo un 36.2 por ciento dice que se tendrían que desalojar. En el caso de la venta de comida en la vía pública sin permisos de ley, el 58.6 por ciento señala que el gobierno debería darles su licencia, lo mismo tratándose de taxistas que circulan con placas falsas, donde el 43.4 por ciento opina que lejos de retirarlos se les debe regularizar. Y se entiende la respuesta, pues una gran parte de empleos son generados por el comercio informal, lo que hace que la población se identifique, lo preocupante es que lejos de pensar y exigir que se cumpla con los requisitos de la norma, la mayoría considera que hay que tolerarlos.
En el cine mexicano los ejemplos de esta forma de entender a la ley (según las conveniencias y creencias de cada cual) abundan, pensemos en ese clásico de cine mexicano Los tres García (Ismael Rodríguez, 1946) en donde los tres primos hacen y deshacen a su antojo en el pueblo San Luis de la Paz y ante la impotencia de las autoridades (civil y eclesiástica) acuden ante la abuelita (una consagrada Sara García) que sólo dice de palabra estar de acuerdo que se cumpla la ley, pero a su manera: el sacerdote le pide desarmarlos, por el contrario, la ruda abuela los deja que utilicen sus pistolas. Después del asesinato de sus rivales, los primos son acusados por un impotente ministerio público que se ve amenazado por la abuela que incluso dice recurrirá al “amparo” y hablará directamente con el señor gobernador. Una forma en que se sigue actuando en este país, mezclar la ley con la politiquería según la conveniencia. De hecho ante las dificultades para sacarlos de la cárcel, su tío llega con una horda de abogados que no tienen empacho en hacer gala de prepotencia ante el ministerio, mostrándole fianzas, amparos y cualquier otra clase de artilugios legales para evadir la ley. Esta secuencia del juzgado, es el ejemplo clásico de conceptualizar la norma en el país, decir que se respeta (pura percepción) pero a la hora de lo práctico, buscar siempre lo que más conviene en el momento.
Mi conclusión personal es que la percepción sobre el estado de derecho, es diametralmente opuesta a los verdaderos hábitos en la materia, a ninguna persona que esté en sus cabales al preguntarle si respeta o no la ley, diría que no, a pesar de que sea un criminal irredento. Esperemos que en los propósitos de la gente, del gobierno, de la sociedad, para este año nuevo esté el de hacer del estado de derecho una auténtica forma de vida y no sólo una percepción.
