La educación es la base para el progreso de cualquier país, pues mejora la distribución del ingreso, permite elevar el nivel de calificación de los trabajadores, permite un crecimiento sostenido, pero sobre todo es la mejor (pero no única) arma para combatir la pobreza.
Reconozco cada esfuerzo legítimo o no, para mejorar la educación de nuestro país. Sin embargo, resulta alarmante revisar datos sobre el porcentaje de población joven (entre 15 y 29 años) atendible por el sistema de educación superior y a su vez, encontrar grandes déficits educativos entre la población según el nivel de ingreso.
Esto lleva a considerar las posibles causas de suspensión de la vida escolar entre la población joven, destacando: la falta de interés ante un modelo educativo caduco ajeno a las necesidades (no sólo instrumentales, sino de enriquecimiento del espíritu) de las nuevas generaciones; mala calidad educativa derivada de la disputa de intereses corporativos (profesores versus autoridades), falta de un programa educativo eficiente, que tome en cuenta lo heterogéneo de la población pero al mismo tiempo fomente la igualdad social. Hoy por hoy, los programas educativos no generan un sentimiento de responsabilidad entre los jóvenes hacia la sociedad, no son promotores de ciudadanía; otra cosa también es la precariedad de las instalaciones que en ocasiones no cuentan con los servicios básicos y hasta las condiciones socioeconómicas de las familias permea sobremanera la educación, asistir a la escuela representa, para muchos, un costo inconmensurable, sobre todo si hay jóvenes en edad de trabajar.
Esta última causa está bien documentada por diversos estudios, el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE) destaca que en México existe menor proporción de población entre 15 y 19 años que sólo se dedica a estudiar con respecto a otros países y es esta población la que suspende en primer lugar su trayectoria escolar. El nivel de deserción escolar continua siendo alto. De acuerdo con información del INEE, en el ciclo 2006-2007, la deserción escolar promedio nacional era de 1.5 en primaria, elevándose hasta el 7.5 en secundaria, esto aminora el cobijo logrado con los avances que el gobierno usualmente defiende. La iniciativa de mejorar la calidad de la educación no puede ser ajena a otra que busque disminuir el número de estudiantes excluidos del ejercicio del derecho al conocimiento y la educación.
Por tales motivos, enumero como prioridad la Iniciativa de la Segunda Oportunidad, cuyo objetivo concreto es garantizar el retorno a los estudiantes que han sido excluidos de las aulas con financiamiento público y/o privado, a través de becas y estímulos a los desertores que les permitan retornar a las aulas en condiciones para permanecer en ellas y concluir sus estudios, cuando menos hasta el grado de obligatoriedad enunciado en la Ley.
Regresar a aquellos jóvenes que por indisciplina, intolerancia, desesperación de parte de maestros o directivos han sido rechazados de escuelas constantemente, a través de incentivos socioeconómicos enfocados en la estimulación del talento muchas veces condicionado, para así, encarnizadamente le digamos al mundo que en la totalidad de las veces mientras más estudies mejor te va. Se puede aseverar que cada año adicional en la escuela está asociado con un ingreso 10 por ciento más alto por el resto de la vida de una persona, como así ese mismo año se puede traducir en 1.7 años adicionales de esperanza de vida. La Reforma Educativa necesita mejorar la capacidad de incrementar su matrícula y con un enfoque para formar creadores-innovadores.
Un sistema educativo que articule la enseñanza técnico-científica al saber humanístico, es decir, que privilegie el desarrollo humano, antes que dotar de “mera” fuerza de trabajo (clave para formar personas autónomas y desarrollar una nueva cultura solidaria). En este sentido, promover dos tipos de políticas, una universal (que comprenda la provisión gratuita de los servicios educativos a la población en general) y otra selectiva (que estén dirigidas a lograr que una mayor cantidad de jóvenes tengan acceso a los beneficios educativos). Abogo por una Educación Pública y de Calidad a la que se le invierta. Para ello, no solamente es necesario ampliar el gasto público, sino, ejercerlo responsablemente, redireccionar los recursos hacia los eslabones más débiles de la institución educativa y mejorar el sistema de rendición de cuentas.
Un sistema educativo incluyente, universal, gratuito y de calidad, mejoraría sustancialmente el bienestar de la población. En la mayoría de los países de la OCDE, los adultos con un título universitario tienen menos probabilidades de estar desempleados y fueron los menos afectados por el aumento generalizado del desempleo entre 2008 y 2009. En México, las diferencias en las tasas de ocupación entre la población con nivel superior y por debajo del medio superior están entre las más bajas en la OCDE (figura en el lugar 27/34).
El mayor nivel de escolaridad de los jóvenes económicamente activos (PEAJ) en relación con el resto de la población, destaca que al menos 74.3 por ciento había terminado la secundaria en 2010 (40.7 por ciento terminó la secundaria y 33.6 por ciento alcanzó la educación media superior y superior), mientras que en la población total, esta proporción fue de 62.8 por ciento (33.3 con secundaria y 29.5 por ciento, con educación media superior y superior). Entre la población desocupada se observó una mayor proporción de jóvenes con mayor nivel de escolaridad, lo cual sugiere que las personas con niveles educativos superiores suelen tener “más recursos para mantenerse sin trabajar y ser más selectivas en la elección de un trabajo” que aquellas con niveles educativos básicos. La distribución de la PEAJ por condición de ocupación y nivel de escolaridad en el transcurso de 2000 a 2010, dan cuenta de ello.
En los países de la OCDE, los salarios aumentan según se eleva el nivel de formación de las personas. La media salarial de un titulado en Educación Terciaria es un 53 por ciento más elevada que la de un titulado en la segunda etapa de Educación Secundaria, y un 76 por ciento más de media que un graduado que ha alcanzado una titulación en primera etapa de Educación Secundaria o inferior. (OCDE, 2010)
Enfatizo la necesidad de crecer gradual, pero sostenidamente la inversión en Ciencia y Tecnología hasta llegar al 1 por ciento del PIB como lo establece la Ley de Ciencia y Tecnología. De acuerdo con datos de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC, 2012) la inversión que México hace en Ciencia y Tecnología es raquítica e insuficiente, al encontrarse en menos del 0.4 por ciento, desde hace tres décadas, por debajo de lo que invierte Brasil (1 por ciento), Chile (0.7 por ciento) o Argentina (0.5 por ciento).
Además de lo anterior, la correlación entre compra-venta de Tecnología, da una muestra más de lo atrasados que estamos en este tema: compramos 96 por ciento y vendemos 4 por ciento. Se necesita acortar la brecha digital, utilizando las nuevas tecnologías y la infraestructura existente, como una manera efectiva de hacer llegar los programas a un país que se encuentra fragmentado en pequeñas localidades. La riqueza más importante del siglo XXI es la propiedad intelectual.
En fin, es necesario priorizar el fortalecimiento de políticas que garanticen la no exclusión de las aulas de todos los niños y jóvenes en edad de estudiar, a través de iniciativas como la de la Segunda Oportunidad y mayor inversión en desarrollo tecnológico, en las que converjan tanto el sector público a través de programas dirigidos a ello, como el sector privado, a través de incentivos que los alienten a formar parte de este esfuerzo. Mientras los niveles de deserción en México sigan siendo tan altos, todos los esfuerzos por ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación se verán menoscabados. Que como dice Enrique Prieto, una población más educada disfruta más las ventajas de que existan leyes y un gobierno democrático. Nos merecemos una segunda oportunidad como sociedad.
*Iniciativa recogida de POCIMA, Poder Ciudadano de Mando
