- Entre 2000 y 2009 fueron asesinadas 12 mil 636 mujeres
- Aguascalientes se sitúa en una zona de “peligro” por alta incidencia: Carlos Eduardo Torres
Al participar en la mesa de análisis denominada “Necesidad y perspectiva del tipo penal feminicidio”, convocada por el diputado perredista Gilberto Carlos Ornelas, Podemos Cambiar Aguascalientes fijó una postura de respaldo a las iniciativas legislativas que buscan la tipificación de este delito.
Carlos Eduardo Torres Muñoz, presidente de dicho organismo, señaló que el país observa una “alarmante tendencia a la alza” en materia de feminicidios. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dijo, entre 2000 y 2009 fueron asesinadas 12 mil 636 mujeres.
De igual modo, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio habría documentado la incidencia de estos acontecimientos en 17 de los 32 estados de la República.
“Entre enero de 2007 y diciembre de 2008 fueron asesinadas violentamente mil 221 mujeres. En el periodo comparativo más breve, de enero de 2009 a junio de 2010 eran ya mil 728. En Ciudad Juárez… en 1993 una mujer era asesinada cada 12 días, en la actualidad en ese lugar se asesina a una mujer cada 20 horas”.
Sondeos levantados recientemente por el Congreso de la Unión indican “que a diferencia de lo que se supone con frecuencia”, los feminicidios no se limitan a la región norte, pues en tanto el 51 por ciento de ellos ocurre precisamente en esta franja, el 44 por ciento tiene lugar en el centro y el 5 por ciento restante en la parte sur.
“El récord más negativo lo mantiene aún el Estado de México”. De acuerdo con el estudio que involucra a 17 entidades federativas, apuntó Torres durante su participación en el panel, Aguascalientes no sería una de las más problemáticas, “sin embargo sí se encuentra geográficamente en la zona de mayor peligro… y tiene un índice mayor al de su estado vecino, Zacatecas, donde por cierto hace meses ya se tipificó el feminicidio”.
Declaró que por lo anterior Podemos Cambiar Aguascalientes “ha decidido respaldar la postura de la tipificación del feminicidio en el Código Penal, por creer que es una medida inteligente, que coadyuva al combate no sólo de este tipo de delitos, sino al combate, en general, de la discriminación en el estado”. Aseveró que la mayor parte de estos crímenes no es sancionada por la autoridad judicial. La mayoría de las víctimas, añadió, pertenecían a la clase trabajadora y acababan de emigrar al medio urbano.
“Los cuerpos de las víctimas que con frecuencia son tirados como basura a las orillas de las calles o en lugares alejados presentan formas particularmente externas del uso de la violencia… El feminicidio designa a los asesinatos de mujeres cometidos por hombres y únicamente por razón de su sexo, es decir, el motivo se debe encontrar en el menosprecio u odio externo hacia las mujeres”.
Carlos Torres postuló además que cuando la sociedad mexicana es sujeta a comparaciones con otras de la comunidad internacional se observa un alto nivel de violencia de género inscrito en la cotidianeidad.
Expuso la necesidad de integrar la perspectiva de género en el aparato de justicia.
“En la dimensión institucional, el concepto del feminicidio en el debate latinoamericano hace referencia a la impunidad de los crímenes. Las organizaciones de derechos humanos enfatizan que la violencia específica de género no se limita al ámbito doméstico, al trabajo o a la residencia, sino que además está vinculada con las instituciones oficialmente encargadas de garantizar los derechos de las mujeres, pero que en los hechos se distinguen por su alto grado de negligencia”.
Denunció que la incapacidad operativa del Estado queda de manifiesto gracias a la baja tasa de delitos esclarecidos y a la opacidad en las investigaciones. En este sentido dijo que entre 2007 y 2008 se cometieron mil 221 asesinatos contra mujeres, y que sólo se pudo esclarecer el móvil del 69 por ciento. La identidad del 51 por ciento de los autores aún se desconoce.
“De los 459 asesinatos cometidos en la primera mitad de 2009, solamente resultaron ocho condenas, así como 87 sospechosos, aunque estos últimos no pudieron ser procesados por falta de pruebas. Según datos proporcionados por el Inmujeres (Instituto Nacional de las Mujeres) el 85 por ciento de los casos denunciados por violencia contra las mujeres queda impune. Al dejar sin castigo los crímenes de violencia las instituciones estatales contribuyen al aumento de violaciones a los derechos humanos y favorecen además un patrón de repetición”.
Foto: Gilberto Barrón | Mesa de análisis “Necesidad y perspectiva del tipo penal feminicidio” en el Congreso del Estado
