Es preferible pecar por incredulidad que por ingenuidad. Ante la evidencia, resulta imposible dejar de percibir que los discursos de los “nuevos rostros” de la dinastía política mexicana reiteran la misma retórica demagógica de hace décadas. Aún así, las esperanzadoras promesas del Año Nuevo entusiasman a muchos quienes creen todavía en la efectividad de las buenas intenciones y que manifiestan gran confianza en que ahora sí la correcta implementación del modelo político y económico actual –con sus respectivas reformas “estructurales”- traerá el progreso, el crecimiento y el bienestar a la sociedad para posicionar a México como líder global.
Lamentablemente, la realidad demuestra que hace falta mucho más que buenos deseos para resolver la compleja problemática nacional agudizada por las políticas neoliberales de los últimos 30 años. Millones de ciudadanos que viven en situación de pobreza no necesitan más promesas, necesitan vivir con dignidad. La sociedad mexicana merece y exige hoy el cumplimiento cabal de las responsabilidades políticas, económicas, sociales y humanas del Estado asumidas por los distintos gobiernos independientemente de su filiación política.
Informes como el de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) que demuestran que México –con sus millones de hectáreas cultivables- es un país netamente importador de alimentos demuestran el fracaso de las políticas gubernamentales (si es que las ha habido) en materia de soberanía alimentaria. De importar sólo 10 por ciento de alimentos en 1990, actualmente se importa el 50 por ciento. De erogar para ello alrededor de mil 800 millones de dólares hace tres décadas, para 2012 el monto se incrementó a más de 24 mil millones de dólares, es decir, un aumento de mil 300 por ciento.
La entrada en vigor del TLC en 1994, la privatización del ejido por Salinas y la desaparición de Conasupo permitieron que el campo mexicano se convirtiera en una gran empresa privada. Así, el Estado se deslindó de los entornos rurales y de sus poblaciones en beneficio de un reducido grupo de exportadores agroindustriales. Según los datos oficiales más recientes (INEGI), se estima que hay más de 2 millones y medio de jornaleros agrícolas que enfrentan precariedad en el empleo y en sus condiciones de vida. Se trata de migrantes que provienen de las regiones más atrasadas del país, muchos de ellos indígenas, que se ven obligados a migrar a regiones de agricultura de exportación, a las ciudades o a Estados Unidos en busca de oportunidades. Entre ellos hay jóvenes, madres solteras y niños que enfrentan jornadas irregulares de labores, sin prestaciones, sin contrato, y que viven en albergues insalubres y faltos de servicios básicos.
Además, la pérdida de soberanía alimentaria –que se define como el derecho de los pueblos, comunidades y países a definir sus propias políticas agrícolas, pesqueras, alimentarias y de tierra, con el fin de obtener una alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada, y de satisfacerse a sí mismos y a sus sociedades- significa una ofensa para millones de familias mexicanas que se ven sujetas a los altibajos de los precios internacionales de alimentos que podrían fácilmente producirse en territorio nacional. Es increíble que México importe 75 por ciento del arroz que consume, 30 por ciento del maíz y 42 por ciento del trigo, entre muchos otros productos. Nuestra dependencia alimentaria de otros países (como de Estados Unidos, país al que nuestros connacionales suministran mano de obra barata y desechable) deja en grave riesgo a los sectores más vulnerables de la sociedad y, en general, a toda la población.
De allí que resulta absurda la inagotable preocupación de estos gobiernos neoliberales por “atraer inversión y capital extranjero” cuando los datos demuestran que México gastó 37.4 por ciento más recursos en la compra de alimento de los que recibió por concepto de inversión extranjera directa (IED). ¿Por qué no entonces se produce aquí el alimento, se generan fuentes de empleo, y se redignifica la vida y el trabajo en el campo? No se puede servir a dos amos. O el Estado busca el beneficio de su población y con voluntad política establece las estrategias necesarias para acabar con la explotación equilibrando la relación entre el capital y el trabajo humano, o sigue vendiendo al país (sus recursos, sus paraestatales, su campo, su mano de obra) a los grandes monopolios mercantiles hasta que la situación sea insostenible.
Y hay más: en un reciente trabajo realizado por el Grupo de Investigación Cultura Jurídico-Política de la Universidad Nacional de Colombia sobre México, se señala que desde que el TLC entró en vigencia, se dañaron amplios sectores del agro mexicano con miles de productores agrícolas que quebraron porque no pudieron competir con Estados Unidos, así como también se crearon cinturones de miseria alrededor de la industria maquiladora en las ciudades fronterizas del norte, como Ciudad Juárez, Tijuana, Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, todo lo cual fue absorbido por las mafias del narcotráfico. La lucha fratricida en contra de ello generó más de 60 mil muertos en el sexenio pasado. De este tamaño es la problemática de subsistencia alimentaria nacional. ¿A quién entonces servirá el Estado?
