En las pasadas sesiones de trabajo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, en que trataron las cuentas de gastos de los candidatos presidenciales en la pasada campaña, se ha perfilado con claridad, particularmente con algunos consejeros encabezados por su presidente, Leonardo Valdés, el espectro del regreso del pasado; es el IFE uno de los espacios en que aparece el fantasma, aunque no es el único.
La pregunta obligada es ¿cómo era el pasado, para que hoy sea considerado su regreso como una amenaza? La respuesta la ensayo al recordar la capacidad y la habilidad de los gobiernos priístas para encubrir realidades reprobables, como la corrupción, la violación a las leyes y su impunidad, y el control de la información pública para que los ciudadanos tuviéramos una imagen sana de sus gobiernos. El efecto en la sociedad era establecer la duda sobre los críticos que denunciaban las diversas corrupciones, y con ello y la participación de muchos medios de comunicación –ya no digamos de las autoridades que deberían investigar y sancionar-, lograr la absolución pública y el olvido de lo denunciado.
El espectro de la regresión está presente a través de algunos signos que percibimos en el medio ambiente político; cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación acuerda liberar “lisa y llanamente” a la condenada francesa en tres instancias judiciales por secuestro, tomando la violación al “debido proceso” como causa superior a la misma impartición de justicia (en un país donde lo común y generalizado, lamentablemente, es el indebido proceso), el Procurador General de la República responde que “la duda absuelve”.
La respuesta de otros funcionarios a la pregunta sobre el caso Cassez, incluido el presidente Enrique Peña, fue reveladora: el “respeto” a las decisiones de las autoridades competentes. Son señales que quedarían de lado si no hubiera otras que permitieran el encuadramiento de las significaciones, como es ahora el IFE.
En la sesión del Consejo General, realizada el miércoles 23 de enero, en la que resolvieron la queja presentada por el PAN y el PRD contra el PRI, con motivo del manejo irregular de recursos a través de Banca Monex y empresas dudosas, se formaron dos grupos de consejeros: los que votaron por la exoneración completa del PRI al validar la legalidad del financiamiento, y los que consideraron necesario sancionar al PRI por recibir ilegalmente el financiamiento de una empresa mercantil.
Ante el empate de votos de los dos grupos, el consejero Sergio García Ramírez, quien se había excusado de participar debido a que aceptaba, por un lado, que las empresas de triangulación sí existían, y, por el otro, que eran manejadas por amigos priístas, decidió volver a participar para lograr la exculpación del PRI.
El centro del asunto, pasado por alto por la mayoría de consejeros del IFE, fue el comprobado financiamiento paralelo con recursos de origen desconocido que tuvo el PRI; consideraron legal el movimiento de recursos del PRI a través de empresas fantasma –ya que los supuestos accionistas no conocían las empresas ni las manejaban-, que sus finanzas no tenían capacidad para financiar al PRI y a las que Banca Monex facturó millones de pesos, y que al ser empresas mercantiles no podían otorgar recursos a un partido político.
Posteriormente, la perspectiva cambió en el consejo general del IFE durante la sesión del 6 de febrero en que resolverían el dictamen de los topes de campaña, al volver a formar dos grupos: los menos, encabezados por su presidente, a favor de aprobar que el candidato Peña no rebasó los topes de campaña (mientras López Obrador sí lo hizo); y los más, devolviendo el dictamen a la Unidad de Fiscalización del IFE para que prepare otro.
Considero pertinentes dos preguntas: ¿por qué votaron los consejeros exculpando al PRI de manejos irregulares de recursos y “dando vista” a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de la República?, ¿qué hizo que cambiaran de opinión algunos consejeros para votar como mayoría a favor de devolver el dictamen de topes de campaña? La respuesta a la segunda pregunta la podremos conocer hasta julio próximo en que vuelvan a trabajar el nuevo dictamen; lo que ahora podemos estimar es que tuvieron una posible reconsideración para evitar el retorno del pasado -en que los priístas eran absueltos de todo-, retorno que pareciera que ellos estuvieran favoreciendo con sus decisiones.
Respecto a la resolución de la queja contra el PRI por causa de Monex, en que el IFE da vista a la SHCP y a la PGR, es claro que Luis Videgaray y Jesús Murillo no van a encontrar nada irregular; es probable que a lo más que llegarían sería responder que los quejosos no comprobaron las acusaciones, por lo que la duda absolverá al PRI.
¿Por qué tienen importancia los asuntos de la queja y de los topes de campaña? Porque la resolución exculpatoria del PRI, en caso de que así suceda –no obstante todo el gasto que estuvo a la vista-, nos estaría regresando a las épocas en que sus gobiernos extendían sus brazos de control por todos lados, y, ante hechos criminales, nunca encontraban responsables.
Si hoy, en que hemos avanzado un poco en el saneamiento de la procuración y de la impartición de justicia, todavía apreciamos una cantidad elevada de quejas por indebidos procesos, regresar al pasado sería volver a poner en manos de gobernantes las resoluciones de los casos judiciales importantes, y seguir teniendo a culpables fuera de prisión.
Es necesario considerar también, que escuchamos opiniones que hoy dicen que el PRI ya no puede gobernar como lo hizo en su época hegemónica; los hechos hablan por sí solos, y serán ellos, más que las palabras del discurso político, los que nos mostrarán el sentido de si el espectro del pasado se hace presente, o sólo son asuntos “aislados”, que no marcan tendencia.
