Por Lilian Chapa Koloffon y Leonel Fernández
La espera fue larga (45 días) considerando que pudimos escuchar a algunos de sus arquitectos entrevistados en medios de comunicación antes de que algo se materializara, pero el martes comenzó a fluir la versión electrónica de las Bases del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Aún no es el Programa como tal, pero los trazos contenidos en este documento permiten hacer las primeras observaciones e incluso, lanzar las primeras preguntas que quedan en el aire después de leerlo con detenimiento.
El 1 de diciembre el país amaneció sin Felipe Calderón a la cabeza del Ejecutivo Federal y por ende, sin alguien dispuesto a abanderar públicamente la llamada “guerra contra el narco” o “lucha contra el crimen organizado”. Lógicamente, no podía esperarse que junto con él salieran de la escena los homicidios y la violencia. Aun estrenando Administración, será necesario algo más que un cambio en el énfasis del discurso oficial para que los indicadores en este rubro registren mejoras que se traduzcan en una mayor calidad de vida.
De inicio, la falta de un diagnóstico adecuado o partir de uno equivocado puede amenazar gravemente el cumplimiento de los objetivos. La cuartilla que se destina a este fin en el documento resulta somera, lejana a los esfuerzos de académicos y analistas para entender la dinámica violenta que se desató en el país, limitada a mencionar “entre los factores que más han influido en el incremento de la violencia en nuestro país” a las disputas entre organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Urgen los diagnósticos sólidos a partir de los cuales se propongan acciones específicas ante problemas específicos: la problemática delictiva no es de un solo tipo en los municipios que serán intervenidos, por ende, no puede prevenirse de la misma forma.
En el mismo sentido, faltó claridad en cuanto a qué tipos de delitos son los que se busca prevenir (o disminuir). Hablar de que se reducirán la violencia y el delito es insuficiente, ¿o se busca prevenir todos ellos? No todos los delitos ni todos los delincuentes tienen el mismo comportamiento, ni responden ante los mismos factores de riesgo o causas. En otras palabras, el tipo de intervención debe obedecer al tipo de delito que se quiere prevenir, no al revés.
Ahora, ¿qué hacer cuando ya se generó la violencia y el fenómeno criminal es un gran problema? En este punto se necesita un plan de reducción del delito paralelo al de prevención. Por ello, resulta difícil de entender que hasta el momento no se haya hecho público el papel que jugará la Comisión Nacional de Seguridad Pública que encabezará Manuel Mondragón y Kalb (o la Secretaría de Seguridad Pública en transición, que cuenta con atribuciones legales en la materia y recursos públicos etiquetados con este fin). Las estrategias de reducción deben iniciar con la evaluación del problema de delincuencia y desarrollar estrategias que disminuyan la actividad criminal, así como minimizar el daño que éstas generan.
Si algo está claro es que la empresa intelectual de construir el marco conceptual de la prevención del delito en México está en vías de construcción mientras el programa nacional en la materia está por dar sus primeros pasos. Los vacíos en las definiciones básicas pueden pasar factura en términos de efectividad en tiempos en los que urgen resultados.
Colocar al centro del discurso y la noticia el supuesto viraje de la estrategia federal para combatir la delincuencia sin dar a conocer los detalles técnicos de la misma, podría ser reflejo de que las definiciones se basaron más en su atractivo emocional que en la evidencia de su efectividad. Una frase del criminólogo Lawrence W. Sherman trae claridad en este sentido: la prevención del delito se define no por sus intenciones o métodos, sino por sus resultados.
* Investigadores de México Evalúa
