Héctor Manuel Sosa Rodríguez, dirigente seccional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), quien ha estado regateando el monto del pago de indemnizaciones a los deudos por la reciente explosión en un edificio de Petróleos Mexicanos (Pemex), cobra un sueldo íntegro como trabajador de base de la paraestatal, más un cúmulo de prestaciones, al mismo tiempo que es octavo regidor en el municipio mexiquense de Naucalpan, cargo por el que recibe al menos 67 mil pesos mensuales de salario.
A decir del penalista Jesús Alberto Guerrero Rojas, asesor legal de algunos familiares de los deudos, esta situación irregular en que está incurriendo Sosa Rodríguez lo puede hacer acreedor a la inhabilitación como servidor público hasta por 10 años, y a una condena de hasta nueve años de cárcel, en caso de que sea encontrado penalmente responsable de los delitos de ejercicio indebido de servicio público y abuso de autoridad.
El Corporativo Jurídico Sanitario (CJS), despacho de abogados que encabeza Guerrero, prepara en contra del dirigente petrolero una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR), y un recurso de queja ante el órgano interno de control de Pemex, por violaciones a leyes administrativas y por la presunta comisión de los delitos arriba mencionados, previstos en los artículos 214 y 215 del Código Penal Federal.
Indemnizaciones menores
La semana pasada, el octavo regidor de Naucalpan y también secretario del Interior y Acuerdos de la sección 34 del gremio petrolero fue acusado por abogados de familiares que perdieron a algunos de sus miembros por la explosión en el edificio B-2 del complejo administrativo de la paraestatal, de pagar indemnizaciones de cuantía menor (entre 500 mil y un millón de pesos) a los deudos de las víctimas, cuando les corresponde recibir, en algunos casos, hasta 7 millones de pesos por familia.
Sosa, de filiación priísta, ha escalado importantes cargos dentro del sindicato en la reciente década, debido a su cercanía con Carlos Romero Deschamps, líder nacional de ese gremio. Este último, además de recibir su salario como trabajador de base de Pemex, obtiene actualmente un pago de más de 100 mil pesos al mes por su escaño como senador.
En entrevista con La Jornada, Jesús Alberto Guerrero Rojas, especialista en derecho administrativo, aseguró que al encabezar dos puestos como funcionario, uno federal y otro municipal, Sosa está violentando disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como una normativa que regula –en el ámbito nacional– las condiciones de los recursos humanos de burócratas, además de que, por esa acción, se configuran los delitos de ejercicio indebido de servicio público y abuso de autoridad.
El abogado refirió que “la normativa que regula las condiciones de los recursos humanos de funcionarios en el país, expedida por la Secretaría de la Función Pública, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010, claramente establece las normas de compatibilidad de empleos para que un empleado del gobierno pueda tener dos o más trabajos.
Esa normativa exige un dictamen de compatibilidad de empleo, disposición que en el caso de Pemex únicamente excluye a los consejeros profesionales. No es el caso de Héctor Sosa, quien ocupa una plaza en una terminal de almacenamiento de la paraestatal, pero no es consejero
, expuso Guerrero.
Para comprobar que Sosa Rodríguez y el propio Romero Deschamps reciben puntualmente su pago como trabajadores de Pemex –que es independiente del que reciben por otros cargos públicos–, Guerrero mostró a este diario el contrato colectivo de trabajo vigente, firmado por la paraestatal y el sindicato.
