En tres horas de transmisión televisiva diaria durante un año, los niños están expuestos a 12 mil anuncios comerciales de alimentos, de los cuales 90 por ciento tienen bajo o nulo contenido nutricional. Lo anterior, a pesar del compromiso suscrito por empresas de cumplir criterios en la materia y evitar la publicidad engañosa dirigida a menores de 12 años. Así lo denunciaron organizaciones integrantes de la Alianza por la Salud Alimentaria.
En conferencia de prensa, dieron a conocer que sólo en mensajes de publicidad por televisión de 11 golosinas la industria destinó más de 408 millones de pesos entre enero y agosto de 2012; de ese monto, sólo tres marcas de productos acumularon más de 170 millones de pesos.
Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, subrayó que tampoco se ha cumplido con el Código de Autorregulación de Publicidad dirigida a la Infancia (Pabi), vigente a partir de 2010. Las compañías fabricantes de productos procesados se comprometieron a evitar los anuncios engañosos, el uso de personajes populares o ficticios y de premios para promover sus mercancías.
Sólo en algunos casos se ha acatado ese precepto. Otros siguen valiéndose de mentiras para vender, sostuvo. Si en la televisión es grave el problema, en las páginas de Internet de la industria es más severo todavía.
El activista resaltó que mientras todo ello ocurre, la secretaria de Salud, Mercedes Juan López, se ha mantenido en una postura ambigua y en ocasiones sin la firmeza que se requiere para dar cuenta de una decisión del gobierno federal de enfrentar el problema de sobrepeso y obesidad que afecta al país.
Incluso, recordó, con algunas declaraciones ha puesto en duda la efectividad de medidas, como la aplicación de impuestos a productos nocivos para la salud, entre ellos el tabaco. Esto a pesar de que a escala internacional se ha comprobado que el gravamen es una de las medidas más efectivas para desalentar ese consumo.
Lo mismo aplica para el caso de los refrescos, bebidas sobre las que la Secretaría de Salud debería mantener una posición clara y firme para evitar su consumo, sobre todo entre la población infantil. Calvillo recordó que en el sexenio pasado el secretario José Ángel Córdova Villalobos afirmó que el consumo de refresco no es recomendable y de manera activa promovía la ingesta de agua.
En cambio, Mercedes Juan tiene un discurso más cercano a la industria
, sostuvo el activista. Agregó que la funcionaria tampoco se ha pronunciado en torno a la publicidad engañosa dirigida a los niños, a pesar de que es uno de los factores determinantes del sobrepeso y la obesidad, que afecta a 30 por ciento de infantes y 70 por ciento de adultos.
Alma Meneses, de la Red por los Derechos de la Infancia, planteó la necesidad de que el Plan Nacional de Desarrollo incluya medidas claras para garantizar el derecho a la salud de las personas y que la cruzada contra el hambre contemple la mala nutrición y la vigilancia a las empresas.
Calvillo apuntó que el problema del hambre es grave, pero el sobrepeso y la obesidad, desde el punto de vista epidemiológico y por sus consecuencias en la salud y la vida de la mayoría de la población, es mucho más.
Meneses propuso que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) resuelva la queja que la Alianza por la Salud Alimentaria presentó en 2007 contra las secretarías de Salud y de Educación, así como la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor y la Comisión Nacional para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
Calvillo explicó que en dicha queja se planteó que el Estado incumple su obligación de garantizar la protección de la salud y combatir los ambientes obesigénicos, es decir, que favorecen el incremento del peso corporal. Dijo que presentaron pruebas sobre la publicidad de alimentos chatarra en escuelas, publicidad engañosa en medios electrónicos y la carencia de acceso al agua potable en los planteles.
