A cinco meses de la presentación de la iniciativa anticorrupción del PRI en el Senado y a unos días del cierre del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, el debate legislativo en materia de corrupción sigue abierto y en búsqueda de consensos. En este tema, las tres principales fuerzas políticas coincidieron en que la solución del problema de corrupción en el país pasa necesariamente por la creación de un nuevo órgano.
De esta forma, la propuesta legislativa del PRI plantea la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción para controlar y reducir los efectos negativos de prácticas corruptas en el país. Los grupos parlamentarios del PRD y el PAN en el Senado no se quedaron atrás y, de manera reactiva, presentaron iniciativas legislativas para crear una Agencia o un Instituto Anticorrupción.
Con ello, en el Poder Legislativo se encuentran en discusión tres iniciativas anticorrupción, una minuta para la creación de una fiscalía (propuesta por el PAN) que permanece en la cámara revisora desde marzo de 2012, más otra iniciativa que será presentada el 4 de abril en el Senado, por Ernesto Cordero junto con otros legisladores panistas, para crear el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción.
Las diferencias sobre el tipo de ente a crear son amplias y van desde la composición, nombramientos y estructura organizacional de la nueva Agencia/Comisión/Instituto anticorrupción, hasta la definición de funciones y alcances que se otorgarían a este organismo. Sin embargo, de acuerdo con declaraciones del Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Raúl Cervantes, se buscará consenso para generar un dictamen en favor de un órgano anticorrupción con facultades de investigación de prácticas indebidas (por denuncia y por oficio) e integración de expedientes, así como con competencia para sancionar administrativamente actos corruptos.
El traslado de esta última función era obligado, después de la previsión en la reformada Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) para desaparecer a la Secretaría de la Función Pública (SFP). No obstante, respecto a las facultades de investigación e integración de expedientes, que actualmente son competencia del Ministerio Público (MP), se abren espacios de incertidumbre que no son menores. Por ejemplo: ¿quién será la autoridad competente el nuevo órgano y/o el MP?; ¿quién y cómo se definirá la agenda de investigación de casos de corrupción?; ¿quién decidirá y ordenará las etapas de investigación?; ¿qué asistencia técnica tendrá el órgano encargado de investigación e integración de expedientes? Sobre esta materia, el diseño del nuevo órgano debe ser cuidadoso porque podría violentar los derechos humanos y el debido proceso.
En general, con este diseño institucional “la política anticorrupción” del nuevo gobierno tendrá un enfoque ex‒post, lo que significa que la estrategia para controlar el fenómeno será la detención y castigo de funcionarios públicos deshonestos y no las causas de la corrupción. Por lo tanto, el nuevo órgano se aleja de la función preventiva y controladora de las áreas de riesgo de actos indebidos en la gestión pública.
Aunado a lo anterior, los cambios en el sistema de control gubernamental interno de la administración pública (derivados de la reforma a la LOAPF) debilitaron las herramientas internas que tiene el gobierno para definir el marco de actuación de la gestión pública y de uno de los principales mecanismos para restringir la corrupción. Esto debido a que el nuevo marco institucional que se está configurando define la transformación de los órganos internos de control en Unidades de Auditoría Preventiva (UAP), las cuales mantienen conflicto de interés con las dependencias que auditan pues dependen presupuestalmente y en su nombramiento de los titulares de cada Secretario de Estado y dependencia gubernamental.
La corrupción es un fenómeno con múltiples aristas y efectos negativos que debilita el desempeño gubernamental, erosiona el tejido social y amenaza el desarrollo nacional. Distintas organizaciones de la sociedad civil, como México Evalúa, han expresado la insuficiencia de un nuevo órgano, así como la preocupación por fracturar aún más el mapa de instituciones anticorrupción vigente en el país. Ojalá que el Poder Legislativo lleve el debate anticorrupción más allá del diseño de un nuevo órgano, planteando una estrategia con mayor potencial de efectividad para atender este problema público.
Eréndira Avendaño
Coordinadora del Programa de Gasto Público y Transparencia de México Evalúa
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