En la vida política de nuestro país observamos la recurrencia de sectores de la sociedad a oponerse a reformas legislativas; las manifestaciones de rechazo a los cambios de marcos legales que rigen las diversas líneas de actividades de la vida de la sociedad, se han dado, prácticamente, en todas las administraciones presidenciales.
Es por ello útil preguntarnos si es posible encontrar algún elemento, o elementos, que sean comunes, y que estén presentes de manera constante en las diferentes manifestaciones de rechazo a las reformas legislativas, ya que, de esta manera, podríamos apreciar con más claridad el motivo, o los motivos, por los que los opositores llevan a cabo tales rechazos. El efecto político y de gobierno, consecuentemente, podría ser, entonces, atender tales elementos para facilitar la realización e implementación de las reformas, particularmente, de aquéllas que son indispensables para mejorar la vida del país.
Una de las últimas reformas es la educativa que llevó a cabo recientemente la administración del presidente Enrique Peña. Esta reforma tampoco se ha escapado de ser rechazada y repudiada por miembros del sector educativo, como son los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Uno de los elementos que, considero, se encuentra presente en las motivaciones del rechazo a los cambios o –en este caso- a las reformas legislativas, es la no participación en los procesos de transformación, o la exclusión, de los sectores involucrados en tales cambios o reformas; es decir, si se planea una reforma educativa, ha sido nuestra costumbre y uso político el prepararla en grupos de trabajo cerrados, y sin que se den cuenta de ello más que algunos privilegiados del sector determinado. El momento estelar es cuando el presidente de la república –o el gobernador de un estado- presenta al congreso la iniciativa de reforma, esperando que los legisladores la aprueben casi tal cual.
El camino político de hoy es cada vez más democrático, permítaseme decirlo de esta manera. No obstante que decimos que, o tenemos democracia o no tenemos, lo cierto es que el proceso va de una menor a una mayor participación ciudadana en los asuntos de gobierno. Un gran auxiliar en este gran proceso, que, ciertamente no todos están siempre a la altura, es el de los medios de comunicación que ofrecen a la sociedad una cada vez mayor información.
El rechazo de los maestros opositores señala los siguientes aspectos: la privatización de la educación que sigue las políticas neoliberales; la reforma lleva la educación al oscurantismo; favorece el desmantelamiento de las condiciones de trabajo del maestro; la evaluación se utilizará para la destitución de los maestros; habrá menos inversión pública en educación, etcétera (notas tomadas de La Jornada, días recientes).
La posición de los maestros disidentes no ha sido sólo de rechazo; también manejan su propuesta alternativa llamada “Hacia la educación que necesitamos los mexicanos”, donde mencionan algunos tópicos: la recuperación del proceso enseñanza-aprendizaje; la construcción democrática del nuevo sistema formativo; la autonomía para maestros y escuelas, donde se llega a la regionalización de la educación; una evaluación horizontal y democrática, no punitiva; y la democratización del SNTE, entre otros. Esta propuesta fue llevada ante la SEP el pasado 6 de mayo, y la comisión de maestros que acudió a entregarla no fue atendida; “esto sólo muestra la cerrazón del secretario y sus colaboradores. No se trataba sólo de la entrega física de nuestro documento, sino de establecer una mesa de diálogo” (LJ 7 mayo). No obstante que han sido atendidos por el subsecretario de gobernación –dicen-, quien debe recibirlos es la SEP.
La respuesta del presidente Peña, en este 15 de mayo, fue: la educación no se privatiza ni se concesiona, seguirá siendo una función pública; los derechos del magisterio están a salvo; la evaluación no perjudicará a nadie ni culpará a los maestros por las deficiencias educativas; y la enseñanza seguirá siendo laica y gratuita, entre otros puntos.
En cierta forma, Peña responde los puntos cuestionados por los maestros opositores. Entonces, ¿por qué el estridente desacuerdo? La respuesta, considero, está precisamente en el punto de que los maestros no son tomados en cuenta para definir las reformas (algún político gobernante podrá aducir que el tomar en cuenta a los sectores involucrados en las reformas, hace inmanejable el proceso legislativo e impide su avance, ya que las visiones son distintas y los acuerdos, prácticamente, no llegan. La respuesta es afirmativa, siempre y cuando mantengamos el carácter autoritario y no cambiemos la “mecánica de hacer gobierno”).
Los maestros, como todos los sectores de la sociedad, reclaman el participar –en serio- en la planeación y realización de las reformas; ¿por qué esta conclusión? Veamos el efecto que tuvo la reunión de los representantes de la CNTE con los integrantes del consejo rector del Pacto por México, realizada el pasado 15 de mayo. Los maestros plantearon tres puntos: que la educación tenga una concepción humanista; que la evaluación no sea sólo medición; y el rechazo a la transformación del régimen laboral.
Las declaraciones del final del encuentro se dieron en el tenor, ciertamente, de que tanto la clase política como los maestros disidentes mantendrían sus propias posiciones. El secretario de gobernación, Miguel Osorio, expresó que el diálogo despresuriza el conflicto y le da cauce democrático, y el presidente del consejo rector, César Camacho, dio a entender a los maestros que podrían participar en la reforma a las leyes secundarias, ya que todavía no están concluidas ni planchadas.
Por lo pronto, la efervescencia que se inicia tradicionalmente el día del maestro, parece que no ha aumentado más de lo que ya está; los maestros esperan la respuesta del Pacto por México y del gobierno, lo que significa, en los hechos, la expectativa de si habrá o no un cambio en la mecánica de hacer gobierno que permita participar en las reformas a los sectores involucrados.
