- “Asunto de alto nivel político” el de los taxis eléctricos: Mario Guevara Palomino
- El Partido Verde propone que automovilistas cumplidos no paguen verificación
“Asunto de alto nivel político”, consideró Mario Guevara Palomino, presidente del Congreso del Estado, el relativo a la empresa 4000-Taxi, del que ha solicitado información el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y no la ha recibido.
Alfredo Reyes Velázquez reiteró en la sesión del Pleno de ayer, su llamada a desentrañar “temas claroscuros” que documenten, acrediten la propiedad de 50 vehículos con valor global de 23 millones de pesos… Concesión propiedad del Gobierno del Estado”.
En asuntos generales, el legislador blanquiazul y al abordar el tema, llamó la atención de Sergio Ramírez López, su homólogo en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, que “chacoteaba” durante su exposición:
“… Porque las placas son del Gobierno del Estado”, y pidió que se haga llegar a las comisiones respectivas la información… “¿Alguna pregunta?”, planteó el diputado del PAN al Pleno y Gustavo Granados Corzo, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo, le tomó la palabra.
“A preguntas concretas, respuestas concretas”, recomendó Guevara Palomino, presidente de la mesa directiva, y en seguida Granados Corzo formuló su interrogante a Reyes Velázquez:
“Este punto de acuerdo que propone, de casualidad, ¿tiene que ver con con la adhesión de 24 agrupaciones de taxistas a la candidatura de Paco Chávez?”. “Breve, conciso y preciso”, ofreció responder el diputado panista, pero se extendió, al urgir a presentar ya el Código Urbano para que quede resuelta también la Ley del Transporte.
También se aprobó a propuesta del gobernador Carlos Lozano de la Torre y fue puesta a consideración del Pleno por Gregorio Zamarripa Delgado, inscribir con letras doradas el nombre de “Ejército Mexicano”, en el salón de sesiones.
Del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Nieto Estebanez lamentó no haber recibido respuesta de la alcaldesa Lorena Martínez Rodríguez, acerca de información inherente a las fotomultas.
“Esta omisión es un flagrante incumplimiento y rebeldía por parte del Ayuntamiento de Aguascalientes, pues pareciera que ni siquiera han leído el Decreto, mediante el cual se le pide a la autoridad que proporcione a la brevedad posible dichos pormenores”.
José Luis Ramírez Escalera, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, presentó punto de acuerdo para que la Secretaría del Medio Ambiente actualice el reglamento del Programa de Verificación Vehicular.
Sugiere el legislador que los conductores cumplidos no paguen la cuota por concepto de la verificación, en el ánimo de incentivar el cumplimiento de las normas ambientales.
Se incorporó al trabajo parlamentario la diputada Lilia Badillo Reyes, en sustitución de José Manuel González Mota, quien no lo había hecho antes por motivos de salud, y se recompusieron las comisiones de Derechos Humanos, para sustituir las ausencias recientes:
-En Derechos Humanos, José Fidel Martínez Trinidad; en Género, María de Lourdes Luévano Zárate; en Juventud, Jesús Eduardo Muñoz de León; Desarrollo Metropolitano, Kendor Gregorio Macías Martínez y Asuntos Electorales, Deniss Ibarra Rangel.
Gregorio Zamarripa Delgado leyó el dictamen de la iniciativa de adición a la Ley de Educación, presentada por Sergio López Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, y que tiene por objeto:
“Incorporar la educación ambiental en el Sistema Educativo Estatal, asimismo se precisan las facultades del Instituto de Educación en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente sobre la importancia del cuidado, manejo y preservación de los recursos naturales”.
Ramírez López manifestó que “es tiempo que se trabaje institucionalmente para combatir el cambio climático, especialmente desde la escuela, donde se crearán hábitos de protección a la flora y la fauna, el reciclaje, el ahorro de los recursos, entre otras acciones”.
Se leyó y aprobó el dictamen de la iniciativa de Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Escolar, que plantea:
“Proteger y atender a los estudiantes en todos los ámbitos, niveles y modalidades educativos, de las instituciones públicas y privadas, de cualquier forma de violencia escolar, producida entre los mismos estudiantes, de forma intencional, sea metódica, sistemática o reiterada, produciendo un daño apreciable…”.
Foto: Roberto Guerra
