En nuestro país, los programas sociales han sido un destacado instrumento para las promociones partidistas; los gobiernos de todos los partidos políticos, en general, han visto en los recursos de estos programas las ocasiones para hacerle ver y notar al segmento de la población vulnerable, que, gracias a ellos, pueden remediar un poco sus circunstancias de pobreza.
Sin embargo, no correspondería a la realidad usar el “mecanismo de igualación”, por el que, precisamente, los gobiernos abusivos justifican la partidización de recursos; el “mecanismo de igualación” se aplica de manera sencilla: porque el otro partido político en el gobierno abusó, nosotros también lo hacemos. De ahí la necesidad de considerar determinados aspectos que nos ayuden a conocer que, efectivamente, no todos los partidos políticos en el gobierno lo hacen con la misma medida del abuso.
Es así que podemos identificar algo más que el uso de los recursos públicos para apoyar las promociones partidistas antes, durante y después de los procesos electorales; uno de los aspectos que ayudan a detectar, si en el gobierno existe algún otro objetivo que trascienda el sólo hacerle ver al ciudadano vulnerable a qué partido político pertenece el funcionario que le está “regalando” determinado bien, es, si ese apoyo obsequiado promueve el progreso y mejoramiento de la calidad de vida de la familia beneficiada.
Éste es, considero, un punto importante que nos permite apreciar el que no todos los gobiernos de los partidos políticos son iguales en la aplicación de los programas sociales; algunos ayudan a la activación familiar para el mejoramiento de la calidad de vida, y, otros, no lo hacen, los dejan como están.
¿Qué criterio podemos utilizar para identificar la diferencia entre unos y otros? Planteo uno: los programas sociales deben ir acompañados con desarrollos en educación y salud, acceso a vivienda, creación de autoempleo y de microempresas, etcétera. Entre los efectos encontraremos, por lo tanto, la disminución de personas en pobreza extrema, la disminución de suicidios, la disminución de personas en las calles solicitando dinero, etcétera.
La educación media superior y superior son los renglones débiles, ya que la cobertura en jardín de niños, primaria y secundaria es completa. Los estudiantes rechazados para el próximo ciclo escolar, tanto de la universidad como de las preparatorias públicas, es alto (de la UAA serán más de 3 mil solicitantes, y de los CBTIS más de 4 mil). En el primer informe de gobierno de la administración estatal actual encontramos que se construyeron el nuevo campus de la preparatoria oriente de la UAA, la extensión del CBTIS 168, y el Conalep IV; para la educación superior se construyeron los nuevos campus sur de la UAA y de la universidad tecnológica El Retoño. En el segundo informe encontramos solamente que se abrió el bachillerato en artes y humanidades José Guadalupe Posada, y nada más.
Para el presente año –que será el tercer informe de gobierno-, lo que hemos conocido, y fue hace un par de meses en los promocionales del gobierno del estado, es que el gobierno “está planeando” construir seis preparatorias para el oriente de la ciudad de Aguascalientes. Además, el congreso del estado aprobó la transformación del campus de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes construido en Calvillo en la administración estatal 1998-2004, para que sea una nueva universidad. Complementando la información en educación, el pasado jueves el director de educación básica del IEA, Raúl Silva, anunció la cancelación del programa escuelas de tiempo completo (El Heraldo, 21 junio).
Por lo que respecta a la creación empleos formales, renglón que observamos que sí apoya el gobierno del estado, se está logrando principalmente con las empresas extranjeras que están llegando con el mega proyecto japonés de la planta Nissan II. Fuera de este rubro, la promoción del empleo, o la creación de empresas, o la integración de las industrias locales al “cluster” automotriz para ser proveedores, no se aprecia, y son, en realidad, los aspectos que sí requieren de los apoyos gubernamentales.
Si consideramos el número de aguascalentenses en pobreza extrema, encontramos los siguientes datos, que son ilustrativos de que con el PRI volvió Aguascalientes al estancamiento social: en el año 2008 el Coneval registró 46.6 miles de personas, en 2010 registró 42.5 miles, y en febrero de 2013, el coordinador de delegaciones federales de Sedesol informó que las personas en pobreza extrema en Aguascalientes eran 61.5 mil (LJA, 10 febrero).
En el caso de los suicidios, no obstante la variedad de causas que deben ser estudiadas seriamente para lograr su resolución ya que es un indicador social altamente significativo, las cantidades han aumentado notablemente: el promedio de suicidios en la administración estatal 1998-2004 fue de 47 anuales (cantidad que fue más del doble de la administración anterior), y la administración 2004-2010 registró un promedio de 55 suicidios. La administración actual en 2011 reportó 99 suicidios, en 2012 fueron más de 110, y, en junio de 2013 (en seis meses), ya van 50.
Los beneficios otorgados por la administración estatal son bien recibidos por los ciudadanos que tienen carencias y necesidades; pueden ser desde despensas y material de construcción, hasta pantallas de televisión, computadoras, electrodomésticos, etcétera. Sin embargo, el efecto social de los regalos es tan corto, que, por la falta de un desarrollo social acompañante, no están logrando transformar el entorno y calidad de vida de las familias a las que dicen ayudar.
Si agregamos el criterio del gobernador del estado que dice que “no puede pedírsele a la gente que no coma o que deje de recibir ayudas”, y que “en su momento demostraremos” el mal uso de los programas sociales que hiciera en su tiempo Acción Nacional (LJA, 9 mayo), constatamos la idea –un tanto ya degenerada- del modelo asistencialista y paternalista de hacer gobierno: la gente vive gracias a los beneficios gubernamentales. Será interesante observar cómo evolucionan próximamente estos indicadores.
