La constante que impera desde hace mucho tiempo en nuestro sistema político, y que pareciera seguir aumentando al paso de los días, es la ausencia de argumentos que caracteriza a la clase política, que cada vez que presenta cualquier iniciativa o propuesta, no muestra interés alguno en presentar las mismas acompañadas de argumentos que permitan entender cuáles son los propósitos de cada una de éstas, y menos se interesan en generar un discurso, que cumpla con la obligación moral de hacer claros sus fines para que la ciudadanía sepa bien a bien qué es lo que se propone y para qué.
Atrás en lo que pudiera parecer el romanticismo político de otros tiempos ha quedado la historia de los argumentos como fiel expresión de las intenciones políticas; a la mayoría de las y los actores políticos, se les ha olvidado por completo o tal vez jamás lo supieron, aquello que dice “para que un discurso tenga efectos en la realidad no bastan la solidez lógica y la claridad argumentativa; el discurso ha de estar acompañado también de elementos persuasivos (que lo conecten con la realidad y con las percepciones de otros actores) y de poder “que lo sostengan frente a discursos alternativos” (Cejudo, M. Guillermo, “Discurso y políticas públicas”). Quizás a eso se deba que sus precarios elementos retóricos, que no son ni por mucho argumentos, son tan endebles como poco eficientes, y por ello, prefieren esgrimirlos sólo en espacios en donde no tengan que contrastarlos con otros que sí se acerquen a lo que en realidad son los argumentos, ya que de hacerlo serían fácilmente exhibidos por su poca solidez.
En esta dinámica política que hemos permitido ya como casi una costumbre es que no podemos transitar hacia verdaderos espacios de discusión que posibiliten confrontar ideas que ayuden a construir un régimen decididamente más democrático, donde a la ciudadanía se le presenten propuestas que al estar acompañadas de argumentos le den la oportunidad de contrastarlas con otras presentadas con antelación sobre el mismo tema, y poder participar en esquemas más ricos de intercambio y retroalimentación de la opinión ciudadana, y no encasillarlas a lo que pareciera ser el único espacio de discusión, que son los congresos locales y el Congreso de la Unión; donde lamentablemente todo se reduce a la posibilidad de arreglar las cuestiones a base de negociación entre las diferentes bancadas o fracciones legislativas o resolverlo con un antidemocrático mayoriteo, que se construye con una o dos de las fracciones, y que lesiona la ocasión de que a base de exposición de argumentos, se logren mejores propuestas o iniciativas.
Debemos insistir en que la “estructura argumentativa de los discursos incide en su capacidad de convencimiento. Pero esto no quiere decir que lo único que está en juego es la claridad del argumento o la irrebatibilidad de las premisas. Importan también las estrategias retóricas, el uso de metáforas y la facilidad de transmitir un mensaje complejo mediante frases simples” (Cejudo, M. Guillermo, “Discurso y políticas públicas”). Porque cumpliendo con estas premisas se puede comenzar a establecer la necesidad de lograr el convencimiento, una pauta que dice mucho es la que sentencia, que cuando alguien no tiene cómo construir argumentos, es que su propuesta no es suficiente ni para quien la presenta y por ello, se ve imposibilitado a presentarla de buena manera.
Hasta aquí podíamos entender que si alguien no está claro de la propuesta que se atreverá a presentar, lo lógico y comprensible es que no pudiera hablar bien de algo que ni a él le convence, pero peor es hablar de esta “supuesta propuesta” utilizando elementos verdaderamente falsos para hacerla atractiva o esgrimir ideas y elementos retóricos que no están en sintonía con lo que se habla, y atreverse a parafrasear supuestos argumentos que no están ni siquiera cercanos a la circunstancia, y mucho menos a los factores coyunturales, para tratar de evitar que quienes se opondrán a la referida propuesta, y que en los hechos parecieran estar más cercanos a los elementos que se esgrimen tomados del pasado, puedan utilizarlos en contra de la misma propuesta. No siempre se cumple aquello que dice “que el que pega la primera vez, pega dos veces”, porque en muchas ocasiones el que pega primero pega tan mal que sólo hace sentir más fuerte a su adversario, y éste le puede contestar con más fuerza, sobre todo si el que pegó primero utiliza los recursos del segundo, ya que dicen los aficionados al boxeo “que te equivocas, si le quieres pelear a tu oponente en su terreno”.
Así que es necesario que las y los políticos no persistan en su condición de seguir soslayando la importancia de los argumentos, ya que de lo contrario le estaríamos dando la razón a nuestro multicitado Guillermo M. Cejudo cuando sentencia “En América Latina ocurre una historia similar: hay evidencia de actores que utilizan estrategias retóricas asociadas con la inevitabilidad de la globalización y la urgencia de ciertas reformas para explicar y justificar decisiones impopulares de reforma económica y de prestaciones sociales. El discurso sirve tanto para dar sentido a las reformas como para desviar la culpa (blame – shifting), de manera que los políticos no asuman la responsabilidad sino que la asignen a fuerzas externas que no están bajo su control”. Así que si no tienen la oportunidad de argumentar, guárdense sus precarias propuestas y sobre todo no usen los argumentos de otros porque se les pueden revertir.
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