- El candidato derrotado del PRI se proponía remunicipalizarla
- Juan Antonio Martín del Campo dijo que la traería desde Jalisco
El agua, principal problema de Aguascalientes, quedó en el olvido luego que la concesión se salvó de ser expropiada por la derrota del PRI, que se proponía remunicipalizarla, luego de 20 años de explotación privada e incontables abusos.
El académico Alex Ricardo Caldera Ortega hace una reflexión en su investigación “Balance y expectativas de la gobernanza del agua en Aguascalientes”, frente al escenario dejado por 45 días de campañas políticas, entre el 20 de mayo y el 7 de julio pasados, en que el agua fue el problema más importante abordado por los candidatos a la alcaldía de Aguascalientes, en que el único que ofreciera regresar la concesión al Municipio fuera el que perdiera las elecciones, Francisco Chávez Rangel.
¿Pero cómo empezó todo? Caldera Ortega documenta el tema desde la fundación de Aguascalientes en 1575 y los manantiales de Ojo Caliente y con el tiempo se convirtió en “la principal fuente de tensión social”, por: a) la problemática de escasez siempre presente, y que se agudizó a finales de los 70; b) el proceso de urbanización acelerada y aumento de la demanda del servicio en los 80; y c) el proceso de descentralización municipal, iniciado con la reforma al Artículo 115 de la Constitución en 1983.
En 1993 se introdujo a la iniciativa privada en la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado. 15 años después –dice Caldera- la población se entera por una auditoría de 1998 que hay aire en las redes, mal estado de la infraestructura, fugas, falta de presión y cobros elevados; cobros a cuentas fantasmas, por casas deshabitadas o lotes baldíos; los recursos municipales no impactaron en mejoras.
CCAPAMA y CAASA se comprometen a otorgar obra pública a constructores locales, corregir errores en la medición, suspender cobros cuando haya cortes o usuarios fantasmas, y lo más importante: “elaborar un plan integrado de recursos hídricos para el municipio de Aguascalientes, con un horizonte al 2030”, así como disminuir tarifas.
Otras fuentes citan que los panistas Felipe González y Luis Armando Reynoso Femat ganaron electoralmente el estado y el municipio capital, y en 2000 el Congreso del Estado aprobó la nueva Ley del Agua y se opusieron a corregir los problemas.
Las fracciones del PRI, PT, PVEM y PRD, así como algunos diputados del PAN, aprobaron el 4 de julio de 2002 reformas a la Ley de Agua y suprimieron la posibilidad de los cortes a usuarios morosos; se planteaba además la posibilidad de que el Congreso determinara los montos de la tarifa y manejara la operación del Fondo de Apoyo Social, pero Felipe González vetó la propuesta.
En 2004 el PAN ratificó sus triunfos en el Gobierno del Estado, el Municipio capital y la mayoría del Congreso local. El alcalde Martín Orozco en 2005 impulsó una nueva auditoría integral a CAASA y los resultados difundidos en 2006 resumen deficiencias en licitaciones, costos superiores al mercado, empresas no empadronadas, fugas en las redes, falta de presión y cobros elevados.
Las tarifas siguen siendo determinadas por el prestador del servicio, con supervisión del Instituto del Agua, pero con previa aprobación del Cabildo del Ayuntamiento.
Caldera señala que desde el 16 de junio de 2008 se obliga al Municipio o prestador de servicio a que una vez que suspendan el suministro de agua a un usuario, no se cobren las cuotas mensuales posteriores a la suspensión, sino hasta que sea reconectado.
Se considera inminente que la próxima administración de Juan Antonio Martín del Campo no haga nada respecto al tema, como ocurrió con Gabriel Arellano Espinosa, quien en su campaña en 2007 amenazara con introducir mecanismos de competencia a CAASA, pero ya en la alcaldía corrigió y dijo que aquella opción sólo sería válida para nuevos usuarios. No pasó nada.
Los partidos PRI, PT y PRD han insistido en remunicipalizar el servicio de agua o bien, encontrar mecanismos de competencia que acaben con la ineficiencia de CAASA –concesionaria integrado por las constructoras mexicana ICA, francesa Veolia Environnement, y la española Fomento de Construcciones Contrata; aquélla, señalada como especuladora en la guerra de Irak y ésta, supuestamente patrocinadora del Partido Popular con desvío millonario en el caso Bárcenas-.
El 4 de junio pasado, Juan Antonio Martín del Campo dijo en un comunicado de prensa que defenderá a la concesionaria contra la remunicipalización y culpa a las autoridades actuales; el 20 siguiente, en un encuentro radiofónico con Francisco Chávez, el panista habló de traer agua de Jalisco, con el apoyo del Gobierno Federal.
Aquella ocasión, el candidato priísta Chávez Rangel se dijo dolido por los abusos de CAASA, a quien el PAN amplió la concesión y eliminó penalidad, y remató: “si el pueblo no está a gusto con CAASA ésta se irá de Aguascalientes”. Sin embargo, quizá la siguiente administración no cambie nada.
Foto: Gilberto Barrón.
