Por si no se ha enterado, México pasa una vez más por un traspiés económico, aún no una crisis en toda la forma pero sí por una inoportuna combinación de malos indicadores macroeconómicos, empezando por el crecimiento del PIB que se ubica a la mitad de lo esperado, apenas un 1.5 por ciento, cuando las predicciones apuntaban a poco más de 3 por ciento, destacando en este gris panorama la pobre evolución de las manufacturas que se habían constituido en la locomotora en años pasados; pero peor que el crecimiento, es el dato de creación de empleos donde las pobres cifras del anterior sexenio parecen inalcanzables, pues de los 500 mil previos se pasará a 10 veces menos, y chance ni eso. Lo peor es que se está dando en un entorno internacional casi favorable, pues Europa y los EU están creciendo aunque sea poquito o sea que ni a quién echarle la culpa. No queda más que buscar al interior de la economía las razones del enfriamiento y el sector energético y sus restricciones bien pueden representar el obstáculo o la salida a la situación; por lo que no podría ser más oportuna la discusión sobre su reforma, a menos que nos embarquemos en una nueva disquisición teológica.
Para empezar hay ya tres propuestas que pretenden sacar al sector energético de la barranca y restituirle su papel de motor del desarrollo: desde la muy liberal visión económica del PAN al viejo estatismo stalinista del PRD y en medio la grisura de quien no se define del PRI, habría pues materia de discusión en la medida en que estas propuestas realmente cubren los objetivos económicos pretendidos. Después de la mala experiencia de la anterior “reforma” del 2008 el PAN abre sus cartas y apunta hacia un esquema de “concesiones”, similar a la que se aplica en la industria minera, donde la Nación propietaria del subsuelo concede su explotación por un determinado número de años a un particular; la empresa “concesionaria” invertiría sus recursos en la extracción del petróleo o gas y al ser exitosa pagaría una porción de su valor al Estado por la concesión. Se asume que la empresa, por responder a sus intereses, haría una administración eficiente e incorporaría la tecnología avanzada, condiciones que no se pueden cumplir bajo la rectoría de Pemex; el mayor problema empero se vislumbra en el control corporativo de la concesionaria, como se ha visto con las empresas mineras.
En su propuesta el PRD invocando a todos los nahuales metahistóricos confunde medios con fines y poniendo el carro delante de los bueyes propone una reforma y fortalecimiento de Pemex como entidad, demostrando que su estatismo le impide ver que el objetivo último es el impulso al desarrollo económico nacional vía energéticos y no el sacar brillo a las glorias del Tata Lázaro. Aunque el guión ya lo han usado varias veces, reiteran la “autonomía financiera” y demás medidas para que la paraestatal retome fuerzas, sin responder entonces para qué México querría tamaña maravilla; capaz de aliarse entonces con las industrias privadas sin menoscabo de soberanía pero sin tributar para el país. Entre estos dos extremos se ubica el PRI, que pretendiendo no romper los consensos del Pacto por México, decide mostrarse medroso y proponer una apertura a la inversión privada… pero nomás tantito. El formato propuesto, “de utilidades compartidas”, pretendidamente lograría la maravilla de atraer lo mismo la inversión privada que las nuevas tecnologías de explotación, limitante que ha impedido que Pemex logre ampliar su plataforma de exploración. Lo malo es que la anterior reforma, la del 2008, introdujo un formato similar “los contratos de riesgo compartido” que no lograron el milagro de atraer ni capital ni tecnología.
Con todas sus limitaciones, a partir de estas propuestas se podría construir una opción razonable, asumo que no tan a la derecha como la del PAN pero con suficientes ventajas para el inversor privado para ser atractiva y con controles fortalecidos para que el Estado Mexicano (y no Pemex) conserve la rectoría de su sector energético, como lo hacen Noruega y hasta Cuba. Pero la discusión puede no darse por la intervención de un cuarto actor, que ni siquiera es capaz de presentar una propuesta propia pero sí de enarbolar a su favor todos los mitos fundacionales de la nación mexicana; así, en lugar de revisar los aspectos técnicos y financieros propuestos se clama la defensa hasta la última gota de sangre de la soberanía e idiosincrasia nacional que serían vulneradas por las iniciativas privatizadoras y harían llorar al niño Netzahualcóyotl y a la virgen de Guadalupe. Autopercibiéndose como cruzados en guerra santa, la descalificación va en automático a cualquier otro razonamiento y la Fatwa en directo a quien descrea de su verdad. De la virulencia de esta opción y de las posibilidades de escalada violenta dependerá en mucho si el debate prospera y se llega a un solución o, como en el 2008, mejor la dejamos pa después, cuando la coyuntura sea menos complicada y las condiciones objetivas sean más favorables, que al final de cuentas aún aguantamos otras dos crisis económicas sin que pase nada… chance.
