- Hay “manga ancha” para los Proyectos de Prestación de Servicios: Jesús Medina Olivares
- No se contabilizan como deuda pública, sino como gasto corriente, lo que los hace peligrosos
El ex priísta Jesús Medina Olivares, quien en julio buscara la alcaldía de Aguascalientes por el Partido del Trabajo, anotó que el proyecto de nuevo Código Urbano da “manga ancha” para que la iniciativa privada se adjudique la construcción de obra pública, por la cual Gobierno del Estado cobraría el llamado impuesto a la plusvalía de los bienes inmuebles.
En dicho Código, dijo, no hay reglas para la ejecución de licitaciones.
“Hay que entender que el costo del financiamiento de la infraestructura pública a través de un Proyecto de Prestación de Servicio -figura por la cual el empresariado participa de las obligaciones del Estado- puede ser superior incluso al esquema tradicional de la deuda pública”, pues la administración debería pagar una comisión a las empresas que levanten y administren, por ejemplo, hospitales.
“Hay otras alternativas de financiamiento, en la iniciativa privada, todos lo sabemos, no son almas de la caridad, son personas más leales a sus intereses particulares que a los intereses sociales”.
La administración estatal podría echar mano de los Proyectos de Prestación de Servicios, toda vez que no se contabilizan como deuda, sino como gasto corriente.
Los pasivos adquiridos por esta vía, añadió Medina, perduran por 15 años. Presumió que los empresarios de la construcción podrían ejercer presión sobre el gobierno para ver aprobado el nuevo Código Urbano.
“Llama mucho la atención esa urgencia de resolución que plantean” algunos diputados en Congreso del Estado.
Con la posible puesta en marcha de los Proyectos de Prestación de Servicios, el Estado renunciaría a acatar el motivo para el que fue creado, mencionó el petista en rueda de prensa.
“Hemos señalado que las políticas que prevé el Código Urbano son para cada vez reducir más la participación del Estado en eso que constituye su esencia, ésa es la razón de ser del Estado como conjunto de instituciones”.
Añadió que el ordenamiento en trámite también actúa en sentido contrario al concepto de vivienda digna, pues se anuncia que las casas y los lotes de interés social mostrarían únicamente cinco metros de frente, situación que desembocaría en el hacinamiento de las familias de clase popular.
Jesús Medina hizo un llamado a la fracción legislativa mayoritaria:
“Los diputados del PRI, fundamentalmente, deben tener una clara idea y responsabilidad. Deben analizar perfectamente el Código en lugar de lanzar culpas a quienes disentimos”. Consideró que la sociedad desconoce muchos detalles del tema.
Las Cámaras Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda, y Nacional de la Industria de la Transformación habrían sido quienes “más o menos le echaron porras al Código Urbano” durante una sesión con diputados locales, a la cual también asistieron otros organismos del rubro, pero con opinión distinta.
