- Significa ahorrar tiempo, dinero y preservar relaciones personales
- “La sociedad no está acostumbrada a resolver sus conflictos a través del instrumento”
Es difícil ofrecer cantidades exactas, sin embargo puede afirmarse que quien opte por un proceso de mediación legal podrá ahorrarse mucho tiempo, dinero, esfuerzo y conflictos posteriores. El Estado, desde luego, se encuentra dentro de la lista de beneficiarios.
Gabriel Domínguez García Villalobos, presidente del Centro de Mediación, Instituto de Atención a la Familia y Justicia, resaltó las ventajas del sistema y lamentó que aún no se haya asentado en la sociedad.
“La preparación de mediadores es un problema cultural. Los abogados hemos sido formados, en general, bajo una perspectiva de litigio, de combate, tradicionalmente hemos sido formados para ganar asuntos, eso, frente a la mediación, nos coloca en una situación donde no vemos del todo sus beneficios. Creo que la sociedad que recibe los servicios ve al abogado como eso, quien la va a representar frente a otro abogado a quien hay que ganarle”.
La mediación, refirió, pretende saltar la brecha del enfrentamiento en tribunales para lograr finales amigables.
“En definitiva tienes que ceder algunas cosas para poder llegar a una solución… La sociedad no está acostumbrada a resolver sus conflictos a través del instrumento de la mediación”, anotó el también catedrático de la Universidad Panamericana.
-¿Corresponde al Estado fomentar el gusto por la mediación?
-Me parece que es tarea tanto del Estado como de las universidades… El instrumento de la mediación debiera ser del interés del Estado porque con eso se abaten problemas de rezago (de expedientes). Al Estado sí le conviene que haya mediación, los abogados que piensen que la mediación les va a pegar en los bolsillos es porque no la han entendido.
Señaló que aun cuando las partes afectadas están dispuestas al diálogo la asesoría de un jurista resulta recomendable.
Cabe anotar que la violencia intrafamiliar, las violaciones sexuales, los robos, en fin, todo aquel hecho del que se desprenda un delito, no es susceptible al desahogo por esta vía.
Los asuntos sucesorios, civiles, familiares, mercantiles y laborales son perfectamente mediables.
Domínguez García manifestó que el Poder Judicial del Estado cuenta con 30 mediadores.
“Yo creo que no se dan abasto estos mediadores, de hecho el Centro de Mediación del Poder Judicial ve con muy buenos ojos la existencia de mediadores privados, siempre y cuando sean certificados. Es un poco poner el hombro al Poder Judicial, pero me parece que si hubiera más mediadores sería mejor”.
Por su parte, el Centro de Mediación, Instituto de Atención a la Familia y Justicia revisa un promedio de dos casos por cada mes.
Cuando dos o más particulares acuden a los canales del convenio, el Estado y el erario también ganan, pues se evita que recursos humanos, monetarios y de infraestructura sean empleados en trámites “engorrosos” cuya resolución, en algunas ocasiones, puede aplazarse por años.
“También nos ahorramos, por ejemplo, mantener un intangible, mantener la relación que existía entre las dos personas en conflicto. Normalmente la mediación logra conservar la relación, en cambio el litigio normalmente no, de allí pueden surgir muchas consecuencias, inclusive desde el punto de vista económico: seguir haciendo negocios o no seguir haciendo negocios con quien estuve en conflicto”.
Por último, Domínguez García Villalobos invitó a la población a no pensar en que el relativo bajo costo de una mediación impacta en la calidad de los servicios prestados por un abogado. El abaratamiento, indicó, se debe sobre todo a que los asuntos quedan resueltos en poco tiempo.
