- Se espera que Congreso de la Unión reforme ley fundamental, pero hasta diciembre
- Hay que ayudarles a regularizar para que sean sujetos del subsidio federal: Armendáriz
El último reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) indica que en el estado de Aguascalientes 42 mil personas viven en pobreza extrema; en otras palabras, no cuentan con el ingreso necesario para comprar una canasta alimentaria. El Partido del Trabajo estimó que en el año 2006 se podía adquirir una canasta de productos básicos con 813 pesos, hoy se requieren mil 326.
Mientras la ciudadanía debe trabajar cada día más para llevar a su despensa los productos prioritarios (granos y semillas, frutas, aceites, huevo, analgésicos, carne, etcétera), la parte oficial aún ve trabas para intervenir.
Isidoro Armendáriz García, delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), comentó que la irregularidad en la propiedad de la tierra limita a las dependencias.
La falta de escrituración, dijo, “lamentablemente lastima a las familias, porque ni Desarrollo Social, ni la Sagarpa ni Sedatu podemos dar un subsidio o un apoyo a ciertas zonas marginadas si no tienen regularizada su propiedad. Hay que ayudarles a regularizar la propiedad para que luego sean sujetos del beneficio de los programas y del subsidio federal”.
En entrevista añadió que “no tenemos un número exacto [de escrituras faltantes] porque estamos haciendo el inventario, hay bastantes casos”.
El funcionario señaló que en Aguascalientes son cuatro los conflictos predominantes:
1.-Hay cerca de 90 asentamientos humanos irregulares, los cuales competen a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra. Algunos de éstos con 300, 500, o hasta mil habitantes, ya cuentan con todos los servicios que oferta la autoridad municipal.
2.-Hay reservas de crecimiento ejidal dentro de las cuales ya se construyó sin la licencia debida.
3.-Los cascos de haciendas son considerados como propiedad privada; sin embargo los dueños permitieron que varios de sus avecindados fincaran sin realizar trámite legal. “Es lo que le llamamos fundo legal”.
4.-Hay solares urbanos con un solo titular, pero repartidos entre los miembros de una misma familia.
“Es un problema serio… para eso nace el Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, para que con las facilidades legales que nos va a dar el nuevo Código Urbano se pueda agilizar de manera masiva todo ese tipo de irregularidades”.
-¿Cuáles son las facilidades que otorga el nuevo Código Urbano?
-No puedo de manera contundente decirlas porque apenas se pasó a la Comisión de Desarrollo Urbano y todavía no son ley… esta iniciativa del jefe del Ejecutivo, que ya pasó al Congreso del Estado, lleva buenas propuestas. Apelando a la buena gestión de los diputados creo que no va a haber muchas modificaciones.
-¿Hacia dónde apunta la redacción? ¿Regalando escrituras se puede resolver este gran problema?
-Una tiene que ver con la facilidad para que se regularicen lo más pronto posible las 186 reservas de crecimiento ejidal que no estaban reglamentadas. No había ninguna legislación que tocara con precisión la regularización de las reservas de crecimiento, había algo de la Ley de Reforma Agraria y algo de la Ley de Asentamientos Humanos, pero dejaba muchas lagunas.
Además, manifestó Isidoro Armendáriz, el nuevo Código Urbano reconocería los citados fundos legales y establecería una ventanilla única en todas las dependencias del ramo con objeto de “dar velocidad a estos trámites para no burocratizar tanto el tema de la justicia urbana”.
Consideró que “serían tres grandes avances a reserva de que veamos el Código después de la discusión de los diputados”.
Sin embargo, parece ser que el perfeccionamiento legislativo deberá aguardar unos meses más. El propio delegado de Sedatu mencionó que en el Congreso de la Unión se dice que la Ley General de Asentamientos Humanos, de cuyos términos dependerán todos los ordenamientos estatales, será reformada pero hasta diciembre próximo.
Foto: Víctor Pérez.
