- ASF no ha recuperado un peso en Aguascalientes
- Auditoría Superior de la Federación tampoco ha promovido denuncias ni fincado responsabilidades administrativas
En 2011, a su llegada a la titularidad del Poder Ejecutivo de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre señaló haber recibido del panista Luis Armando Reynoso Femat unas arcas en números rojos.
Desde aquel entonces se han iniciado diversos procesos de fiscalización (todos de rutina, ninguno especial) a la cuenta pública y abierto varias averiguaciones previas en contra de ex funcionarios del Gobierno estatal, incluidos el propio Reynoso Femat y su hijo mayor Luis Armando Reynoso López.
En distintos momentos la LXI Legislatura ha ventilado el manejo opaco de centenares de millones de pesos durante el sexenio pasado, en el cual obras como el Hospital Miguel Hidalgo, el Centro de Convenciones y el Distrito de Riego 01, comenzadas a partir de recursos mayoritariamente federales, quedaron inacabadas.
A través de instancias oficiales como el Órgano Superior de Fiscalización (OSF) y la Contraloría del Estado se han denunciado anomalías en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, el Patronato de Fomento al Futbol, el Fideicomiso de Administración, el club Necaxa y el Fideicomiso de Desarrollos Industriales de Aguascalientes.
Tan sólo en el Instituto de Vivienda, señalaron autoridades el 28 de junio, se detectó peculado por 500 millones de pesos.
Cabe señalar que Reynoso compró, por más de 800 millones de pesos, 2 mil 500 hectáreas de terrenos al sur de la capital, para las cuales parece no haber ningún uso rentable.
Raúl Cuadra, Ventura Vilchis Huerta, Fernando Quezada Leos, Ricardo de Alba Obregón, Alberto Serna Dávila y Jesús Soto López son algunas de las personas enjuiciadas tras haber participado en la administración del panista.
No obstante lo anterior, y de acuerdo a datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), no se ha logrado el reintegro de un sólo peso.
En su último reporte sobre “fincamiento de responsabilidades resarcitorias”, publicado vía Internet con corte al 31 de mayo de 2013, la dependencia indica que la última de estas operaciones tuvo lugar en 2010, cuando se inició proceso sobre cuatro funcionarios, y no de Aguascalientes, sino de todo el país.
Con corte de información al 31 de diciembre de 2012, la ASF manifestó no haber realizado “promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria” en ninguna parte de la República.
La última cifra también data de 2010, año en que se promovieron mil 901.
A su vez este organismo manifiesta que la revisión de las cuentas públicas 1998-2011 produjo la presentación de 265 denuncias penales. Ninguna de ellas involucra a la administración aguascalentense.
Fuentes consultadas por La Jornada Aguascalientes expusieron que para que la ASF intervenga sobre recursos estatales y municipales con procedimientos así de específicos debe contar con el llamado de las autoridades más cercanas al conflicto.
En este caso ni Congreso del Estado ni los legisladores federales han logrado los acuerdos necesarios. Para actuar sobre dineros federales la Auditoría no requiere ningún trámite especial.
Foto: Gerardo González
