El Heraldo de Aguascalientes levantó la tapa de la olla exprés, con la nota principal de su edición del lunes 5 de este mes:
Se creará un nuevo impuesto de la plusvalía.
Además del predial, se cobrará un nuevo impuesto sobre plusvalía; el monto dependerá de la infraestructura urbana de cada fraccionamiento; se prevé que si la gente no tiene para pagar, deberá ceder parte de su terreno, y así cubrir en especie esta obligación.
La justificación radica en que la obra pública aumenta el valor de los predios beneficiados. Ello, de acuerdo a la propuesta de nuevo Código Urbano que analizan los diputados.
Las obras y servicios públicos por los que la gente debe pagar más se refieren a la apertura, rectificación, ampliación y mejoramiento de vías públicas, obras de seguridad vial, relacionados con tránsito de vehículos y peatones; pavimentación, guarniciones y banquetas; la creación de plazas, jardines, parques, espacios abiertos, áreas de preservación ecológica y campos deportivos.
Asimismo, instalación, conservación y mejoramiento del alumbrado público, redes de electrificación, limpia y obras de ornato que se realicen frente a los inmuebles; obras de abastecimiento y saneamiento de agua potable, y su reúso, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial y desagües; escuelas, hospitales, hospicios, asilos, mercados, rastros, cementerios y terminales de vías de comunicación, etc.
Son sujetos de esta contribución, los propietarios o poseedores de los predios comprendidos en la zona beneficiada por la infraestructura en cuestión.
La nota firmada por la reportera Leticia Acuña Medina es tan clara y precisa, que no deja lugar a duda, ni mereció aclaración del gobierno o los legisladores.
En consecuencia, pobres y ricos apoquinarán por igual —las leyes son de observancia general, Vale al Paraíso recordar—, cuando hagan realidad su esperado sueño, al llegarles el parquecito, la Línea Verde, el alumbrado público y el mercadito, como el que se construirá a los jodidos de la zona oriente de la ciudad, en Villa de Nuestra Señora de la Asunción, sector Guadalupe; o cuando los adinerados del centro de la ciudad vean reluciente su calle Galeana, rehabilitada con 40 millones de pesos erogados por la tesorería pública.
Ya entendí que es un impuesto, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 919 y 921 de la iniciativa de ley; que el gravamen existía desde el siglo pasado (1949); que es “la Biblia del urbanismo aquí en Aguascalientes”, a decir del meloso presidente de la Comisión de Planeación Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Mario Guevara Palomino; y que para el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado José de Jesús Ríos Alba, la lectura, comprensión y análisis de los 1134 artículos que contiene el extensísimo proyecto de Código en comento, merece el tratamiento, por no decir disparate, de “urgente y obvia resolución”, como si los congresistas fueran los padres del urbanismo del siglo XXII, para estudiar en unos cuantos días ese Código convertido en directorio telefónico.
También me queda claro que el timing y la sensibilidad política no se les da a varios diputados priístas de la LXI Legislatura local, que le pondrán otro clavo a la cruz de 2015, año de elecciones federales.
La desaceleración golpea seriamente la economía del país y los bolsillos de los mexicanos; la Reforma Hacendaria se presentará con IVA a medicamentos y alimentos: y la economía nacional crecerá este año, abajo del 1 por ciento: ¿Es momento de gravar, todavía más, el bolsillo de usted con el impuesto a la plusvalía?
Es la obvia resistencia a pagar más impuestos para que los gobernantes hagan negocios particulares desde la trinchera oficial, se roben el dinero o distraigan el recurso para asuntos ajenos a la obra pública, como sucedió con el FIADE, utilizado para prestarle al pobrecito Necaxa 100 millones de pesos y financiar la película Abel, por ejemplo; o comprar un chasis cabina internacional en la afamada Casa Martha Boutique y Zapatería, con dinero de la alcaldía de Tepezalá.
Más de algún ciudadano atenuaría la molestia, si la entrega de cada centavo de sus impuestos se tradujera en obras y servicios públicos para su colonia, pero, desafortunadamente, esto no ocurre, ilustran los cráteres que adornan las calles de los residenciales fraccionamientos Vergeles, Campestre y La Herradura, y los caminos de las colonias más fregadas del oriente de la ciudad.
Ésta es la cruda realidad. Lo demás es política ficción.
Porque alguien tiene que decirlo: Reforma publicó la nota firmada por su corresponsal Raúl Muñoz (24/8/13), que desnuda la pobreza laboral del Ministerio Público del fuero común: Un juez federal exhibió los errores que la Procuraduría de Aguascalientes cometió en la integración del primer caso con el que inició la persecución legal en contra del ex gobernador panista Luis Armando Reynoso Femat.
El primer caso que integró la Procuraduría fue el relacionado con la compra simulada de un tomógrafo por 13.8 millones de pesos, que nunca se instaló en el hospital público donde habría de operar y cuyos recursos habrían servido para pagar sobornos a diputados federales.
De acuerdo con la demandas de amparo 1500/2012 y 1501/2012, interpuestas por Miriam Morales y Verónica Shadai Espíndola, involucradas en el caso, el juez cuarto auxiliar de la Novena Región, con sede en Zacatecas, Iván Millán, determinó que la Procuraduría Estatal no acreditó el desvío de recursos, la simulación de la compra, ni la participación de las inculpadas, quienes finalmente ganaron la protección de la justicia federal.
LARF jamás pisará la cárcel, reitero.
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