A pesar de que en el 2000 se inicia en México el proceso de alternancia, ninguno de los dos presidentes emanados de Acción Nacional plantearon en su agenda modificar el régimen político. Vicente Fox no le cambió ni un punto ni una coma al viejo régimen, con el pretexto de que no tenía la mayoría suficiente, y su relación con el Congreso fue siempre hostil.
En el caso de Felipe Calderón, se hicieron algunos intentos parciales en ciertas áreas del gobierno, aunque nunca hubo un planteamiento integral de modificar el andamiaje legal del régimen.
Es hasta hoy, después de trece años del inicio de la alternancia, es cuando se está planteando seriamente la modificación profunda al régimen político que se formó en la época postrevolucionaria.
Paradójicamente es al regreso del PRI cuando se hace un esfuerzo por lograr acuerdos con las principales fuerzas políticas del país, para realizar modificaciones profundas al régimen político, y darle a la joven democracia mexicana, un nuevo marco legal de reconocimiento a los derechos democráticos de los ciudadanos de este país.
Por lo tanto las leyes que se aprobaron en materia de educación, de telecomunicaciones, la reforma fiscal, la ley de ingresos entre otras, tienen incluidas transformaciones profundas. Está pendiente la energética, la reforma política y hoy quisiera abordar las discusiones que se están dando en torno a la reforma del sistema electoral.
En las propuestas que están discutiéndose, el primer gran tema es la creación del Instituto Nacional Electoral (INE), como se sabe, el IFE actualmente tiene facultades para distribuir los tiempos de radio y televisión a los partidos políticos, tiene a su cargo el registro federal de electores, la expedición de la credencial para votar y coadyuva en la fiscalización cuando se trata de acceder al secreto bancario fiduciario y fiscal.
Esta propuesta contempla que el INE despliegue otras funciones también de ámbito nacional como son las de organizar todos los procesos electorales en los estados y municipios. Tendría a su cargo organizar la elección, el registro de candidatos y coaliciones, las campañas, la integración de las mesas directivas de casilla, capacitación, cómputo de votos, etc.
Ser autoridad en materia de partidos y organizaciones políticas y la fiscalización de campañas, partidos y organizaciones. La consecuencia de esto sería la desaparición de los institutos estatales electorales de los estados junto con los tribunales electorales locales.
Una segunda variante que se explora es el fortalecimiento del IFE a un INE con menos atribuciones del modelo anterior. En esta propuesta se plantea pasar al ámbito nacional las funciones de los partidos y organizaciones políticas nacionales, centralizando el financiamiento y la fiscalización de los partidos y las organizaciones en los estados, conservando las funciones del registro nacional de electores y la de radio y TV, pero mantener en el ámbito local, la organización de los procesos electorales locales. Los institutos locales, sólo serían autoridad para organizar las elecciones.
En el tema de los partidos políticos se plantea una autoridad electoral fortalecida pero con funciones distintas a las que hoy desempeña.
Una tercera variante es la que propone el Senado de la República, plantea la desaparición de los órganos electorales locales. Consideran que estos son incapaces de garantizar los principios de legalidad, equidad e imparcialidad de los comicios, también considera necesario el fortalecimiento del órgano electoral Federal en su función de autoridad.
Algunas de las consecuencias que se derivan de estos tres modelos son; la derogación de todos los códigos electorales, tanto el federal como los locales y dar paso a una ley única. Se plantea un financiamiento nacional y una fiscalización nacional, otra consecuencia sería otorgar facultades al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que se constituya como una autoridad jurisdiccional única.
En cualquiera de las tres modalidades, alteran de manera profunda la forma en que se venían conduciendo los procesos electorales en el país, sólo falta discutirlo con mayor profundidad y aprobar el nuevo marco legal que regularía los procesos electorales del México democrático. Mi correo: [email protected]
